Avalada por su trayectoria activista en el ámbito sanitario y por su rol de cara visible de la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la médico y diputada autonómica Mónica García apostó por sí misma para liderar la candidatura de Más Madrid, rechazando una coalición electoral con Unidas Podemos y Pablo Iglesias. No hay que olvidar, además, que su formación barrió en las urnas a los morados en 2019: 20 diputados contra siete en la Asamblea. Incluso, aprovechó la oferta del exvicepresidente del Ejecutivo central para lanzarle un reproche en clave feminista: «Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos».
Como portavoz adjunta en la Asamblea, ha protagonizado un fulgurante ascenso político y mediático en el último año, cuando la pandemia ha puesto en valor su perfil de profesional sanitaria y se ha convertido en una de las voces críticas más potentes contra la gestión de la mandataria popular. Y es que en los seis años que lleva como diputada, García siempre ha compaginado la actividad política con su puesto de anestesista en el hospital Doce de Octubre, y desde esa primera línea ha denunciado asuntos como la situación de los mayores en las residencias o la construcción del hospital Isabel Zendal.
García quiere ser presidenta, lo ha dicho claramente durante la campaña, pero, además, aspira a mantener la prevalencia en el espectro progresista de Más Madrid, que en los comicios de 2019 obtuvo un 14,7 por ciento de los votos frente al 5,6 por ciento de Unidas Podemos. García, que aterrizó en la Asamblea en 2015 como diputada de los morados, fue una de las numerosas figuras del bando errejonista que tomaron partido por Más Madrid al producirse la ruptura con la organización morada a principios de 2019.
Antes de llegar a la política profesional ya atesoraba un bagaje reivindicativo, pues estuvo involucrada en la Marea Blanca y, como portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), fue uno de los rostros visibles de la lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.