El cese, o despido, de los trabajadores interinos de la Diputación de Burgos que no han aprobado las oposiciones a las que se presentaron y cuyas plazas están siendo cubiertas por los que superaron las pruebas va camino de convertirse en un desembolso muy importante para la institución provincial, cuyo equipo de gobierno, Cs y PP, ya contaba con esta sangría económica cuando decidió poner en marcha el proceso de estabilización de plantilla.
A pesar del hermetismo del área de Personal para facilitar datos sobre el número de trabajadores afectados y el coste de este proceso, lo cierto es que en la última comisión informativa Personal se dio cuenta de la notificación de diez sentencia, nueve figuraban en el orden del día y la otra llegó a última hora, todas ellas favorables a los trabajadores interinos cesados-despedidos, que percibirán indemnizaciones diferentes, en función de los años trabajados en la institución.
En todos los casos, los tribunales de Justicia, estiman las demandas de los trabajadores considerándoles indefinidos no fijos y estableciendo el abono de una cuantía económica por extinción del contrato. En algunos casos también se desestiman los recursos de suplicación en reclamación sobre fijeza laboral. «El montante económico al que tendrá que hacer frente la Diputación, solo con estas diez sentencias conocidas en abril, rondará los 150.000 euros», asegura el portavoz del Sindicato Obrero Independiente (SOI), Fernando Ojeda, quien matiza que la mayor parte de estos casos los ha tramitado su organización y que ya hay fecha para otros tantos juicios. En cuanto a la cuantía de las indemnizaciones Ojeda indica que la media puede rondar los 17.000 euros, «pero todavía no sabemos a cuanta gente afectará este proceso de estabilización de la plantilla tras las distintas oposiciones y el número final de demandas que se presentarán».
Aunque tampoco ha facilitado ningún dato en cuanto al número de interinos afectados y el posible coste económico de este proceso, Lorenzo Rodríguez, vicepresidente primero de la Diputación y responsable de Personal, se limita a señalar que «ya contábamos con hacer un desembolso importante porque cuando se cesa a un interino ya se fija la indemnización en función de los años que lleva trabajados. Había que acabar con la interinidad y va a costar dinero», matiza.
Rodríguez reconoce que hay muchos casos en los juzgados y afirma que, denuncien o no, «a todos los que se cesa se les tiene que indemnizar con veinte días por año trabajado», situando la media por indemnización en 12.000 euros.
Muchas vacantes sin cubrir. Aunque el coste será elevado, desde el SOI indican que rondará los 500.000 euros, lo cierto es que la previsión del equipo de gobierno superaba el millón de euros, pero será menor porque muchas de las plazas han quedado vacantes tras las oposiciones ahora se volverán a convocar por el proceso de concurso de méritos y podrán optar a ellas los interinos que las ocupan, en algunos casos desde hace más de diez años. Uno de los caso más llamativos es el de los auxiliares de Enfermería, grupo donde había 119 plazas y solo aprobaron 42, quedando 77 vacantes, «muchas de las cuales se pretende estabilizar ahora por concurso» o méritos, apuntan desde CCOO, que considera que esas plazas «deben proveerse por el sistema de oposición», no de concurso como se aprobó en la mesa de negociación con su voto en contra y la abstención del SOI. En total, indica Rodríguez, serán unas 100 las plazas que saldrán a concurso y con ello se podrán fin a los contratos de interinidad.