"Los idiomas no salvan vidas", proclamaba una pancarta en una manifestación de decenas de profesionales sanitarios baleares que protestaban contra la imposición del catalán como requisito para aspirar a conseguir una plaza fija en alguno de los centros sanitarios de las islas. En el caso de Ibiza, a los oncólogos -sólo hay uno para atender a toda la isla- se les exige el nivel B2 de catalán. "Queremos médicos que sepan Medicina, no que sepan catalán" rezaba otra de las pancartas. El gobierno autonómico del archipiélago lo preside la socialista Francina Armengol, una dirigente que durante la pandemia dejó al descubierto su falta de empatía con la población.

Los problemas que padece la Sanidad en el conjunto de España se agravan en el caso de aquellas comunidades en las que conviven dos idiomas y en las que, pese a la teórica condición de cooficialidad, en la práctica el castellano resulta preterido. Es el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares. Estos días ha circulado como la pólvora en las redes un video grabado por unas enfermeras que trabajan en el hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Una de ellas, gaditana de nacimiento, denunciaba que la imposición del catalán supone una discriminación a la hora de superar las oposiciones. Lo planteaba en términos coloquiales y ha sido expedientada por la Consejería de Salud de la Generalidad.

Al imponer el conocimiento del catalán por encima del sentido común que invitaría a declarar como prioridad la contratación de profesionales para cubrir las vacantes que amenazan con colapsar el sistema, los dirigentes políticos de estas comunidades demuestran un elevado grado de sectarismo. Un dogmatismo incompatible con el sentido común ante la evidencia de que los derechos y necesidades de los usuarios de la sanidad pública deberían estar por encima de normas que en la práctica discriminan a buenos profesionales españoles que por su desconocimiento del catalán no pueden opositar para conseguir una plaza en un hospital o centro sanitario ubicado en ciudades que son españolas.

Hace unos días miles de trabajadores de la Sanidad salieron a las calles de toda España -también en Cataluña, Valencia y Baleares- para exigir la contratación de más profesionales y para protestar por la precariedad de los medios con los que cuenta el sistema sanitario. Ahí quedó la denuncia, pero los nacionalistas van a la suyo. Lo más lacerante es el silencio del Gobierno español ante lo que a todas luces es un atropello.