La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclare el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Lo ha hecho dos días después de que el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría este órgano, concluyeran el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

Esta es la decisión que ha adoptado Batet, en su condición de presidenta, después de que la mayoría de Mesa de la Cámara, en una votación en la que ella no ha participado, se pronunciara a favor de solicitar ese informe aclaratorio al Alto Tribunal.

Batet ha comunicado su decisión de solicitar esa aclaración una vez terminada la reunión de la Mesa del Congreso de este jueves, dado que, según remarcan fuentes parlamentarias, ella es la competente para dar respuesta al oficio que le remitió este miércoles el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, pidiéndole que le informara de cuándo se empezaba a aplicar la condena al diputado.

En ese oficio Marchena pide a Batet que remita al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

PP y Vox quieren que ejecute ya

El debate en el seno de la Mesa del Congreso se ha centrado en la necesidad o no de pedir aclaraciones al Supremo sobre el alcance de la sentencia. Para el PP y Vox, no era necesario pedir ninguna aclaración porque interpretan que Rodríguez debe ser despojado de su escaño, pero los representantes de PSOE y Unidas Podemos en el órgano de gobierno han votado a favor de solicitar detalles al respecto al Alto Tribunal.

Fuentes parlamentarias han señalado que Batet no ha votado este extremo pero que en el transcurso de la discusión ha comentado que, según su interpretación jurídica el Alto Tribunal, con su oficio, está pidiendo al Congreso que inhabilite a Alberto Rodríguez. En cualquier caso, antes de tomar una decisión sobre la ejecución de la sentencia, ha optado por pedir aclaración al Tribunal Supremo.

La presidenta ha tomado esta decisión dos días después de que la Mesa, con la mayoría que suman el PSOE y Unidas Podemos, y la oposición del PP y Vox, concluyera, apoyándose en el criterio fijado por los servicios jurídicos de la institución, que Rodríguez podía mantener su acta.

En su informe, recogido por Europa Press, los letrados defienden que el diputado 'morado' puede permanecer en su puesto pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014.

El informe de los letrados del Congreso

El tribunal le condenó con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pero acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros. Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción -que además el diputado condenado ya ha pagado- es lo que esgrimen los letrados para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales.

De hecho, los servicios jurídicos sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

Un día después de que la Mesa se posicionara, Marchena se dirigió a Batet pidiéndole que remita al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez. Este es el oficio que ha llevado a la presidenta a volver a reunir al órgano de gobierno de la Cámara este jueves.