Después de que la Audiencia Provincial decidiera archivar provisionalmente la causa contra el concejal Julio Rodríguez-Vigil por presunto trato de favor a un hostelero, el juzgado instructor ha aceptado la petición de la Fiscalía y del Ayuntamiento de retomar las actuaciones. Así, la titular del órgano ha dictado un auto en el que decreta la reapertura del procedimiento e invita a que se practiquen «cuantas diligencias sean pertinentes al efecto». ¿Cuáles? Principalmente la declaración en sede judicial de seis funcionarias del área de Licencias. Su testimonio constituyó la base principal de la denuncia que presentó el Consistorio contra el edil por tratar presuntamente de librar de sendas multas al propietario del Carpanta.

Fue precisamente la no comparencia de estas trabajadoras municipales ante el juzgado de instrucción 2 la causa por la que la Audiencia decidió sobreseer el caso de forma temporal. En realidad se trató de un error formal en la fase de instrucción que ahora se trata de subsanar. El tribunal provincial consideró que el abogado del investigado tenía que haber estado presente en la declaración que hicieron las seis funcionarias en el expediente administrativo que abrió el Ayuntamiento, de cuyo testimonio fueron obtenidos «los indicios de la presunta actuación delictiva» del político. Ese 28 de octubre de 2021 el abogado no estuvo presente «y no pudo interrogar a las mismas, vulnerándose el principio de contradicción».

Esa ausencia en el procedimiento administrativo pudo haberse subsanado en la instrucción penal si las empleadas hubieran sido llamadas a declarar, momento en el que hubieran podido responder a las preguntas del letrado del concejal. El Ministerio Público solicitó la toma de declaración, pero el juzgado estimó que no era necesario, tras lo cual la Fiscalía tampoco recurrió, tal como detallaba la Audiencia Provincial en el auto de archivo provisional. Y el tribunal advertía de que la incorporación del expediente administrativo a la causa penal no era suficiente como prueba indiciaria para afirmar los hechos.

Con la reapertura el juzgado instructor tendrá oportunidad de tomar declaración a esas funcionaras, tal como solicitó la Fiscalía en su solicitud para que se retomaran las actuaciones. Eran seis, pero lo harán solo tres y, si es necesario «se resolverá sobre la procedencia de hacer llamar al resto». Asimismo, la titular del órgano no considera necesario decretar la nulidad de las actuaciones, pues en fase de diligencias previas «es posible la aportación o propuesta de prueba sin necesidad» de retrotraerse al inicio de la causa.

En sus declaraciones en el expediente administrativo que abrió el Ayuntamiento, las trabajadoras hablaban de la «desaparición» de unos certificados que reclamaba la Junta de Castilla y León para poder tramitar dos expedientes sancionadores al establecimiento Carpanta, en Huerto del Rey. El 11 de octubre del pasado año dejaron en la mesa del edil unos documentos que el día 13 de ese mismo mes no estaban firmados. Este último día comprobaron que todos «los escritos estaban firmados pero faltaban las certificaciones relativas al Carpanta, que desaparecieron, pues no se hallaron en su despacho». Y negaron que pudieran haberse traspapelado. Declararon que también les constaba una «relación singular» entre Vigil y el hostelero.