Los profesionales que día tras día se baten el cobre en los juzgados de la capital y de los pueblos están encantados con que el Ministerio prometa que no van a desaparecer los partidos judiciales existentes, aunque estarán muy atentos a cómo queda la Ley de Eficacia Organizativa de la Administración de Justicia, que por el momento se halla en una fase embrionaria, en la de anteproyecto. Una de las novedades que anunció el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en una entrevista con DB fue la creación de oficinas judiciales municipales, que, según explicó, tienen como propósito dar un servicio más cercano al ciudadano. Pero tanto los abogados como los procuradores exigen que esos nuevos órganos, que sustituirán a los juzgados de paz, «estén bien dotados desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los recursos humanos».
«¿Quién va a estar en contra de una Ley que promete acercar la Justicia a los pueblos? Nadie, pero esa norma será un fracaso si no va acompañada de dotación presupuestaria», se pregunta y se contesta Guillermo Plaza, decano del Colegio de Abogados de Burgos. Uno de los grandes problemas que tiene la Administración de Justicia en los partidos judiciales pequeños es «que el personal es interino y rota mucho, apenas se quedan tiempo en su destino, con lo que no terminan de familiarizarse ni con el sistema de trabajo ni con los expedientes». Con el fin de que esas oficinas judiciales municipales «funcionen bien lo primero que hay que hacer es dotarlas de personal bien formado». Y para ello resulta fundamental -continúa Plaza- que «se incentive la presencia de los funcionarios en los pueblos, con una fiscalidad menor, con mejores sueldos». Por otra parte, «si esas oficinas van a servir para presentar todo tipo de escritos, han de contar con los medios técnicos adecuados, ordenadores potentes, banda ancha -que a muchos municipios no llega- y sistemas de videoconferencia que no fallen». Porque lo que no puede suceder -advierte el decano de los abogados- es que ocurra «como con los bancos, que las personas mayores se queden fuera porque no tienen acceso a las nuevas tecnologías».
El decano del Colegio de Procuradores de Burgos, Elías Gutiérrez, es prudente y espera «expectante a ver cómo se concreta la nueva ley y en qué consiste, porque es verdad que garantiza el mantenimiento de los partidos judiciales, pero hay que ver en qué condiciones, pues existe el peligro de que la demarcación se quede, pero el juez y los funcionarios se muden a la capital, con la idea de los tribunales de instancia».
Está de acuerdo con Plaza en que si la nueva norma apuesta por la proximidad al medio rural «ha de ser con todos los medios y con personal suficiente y bien formado». De lo que se sabe hasta el momento del anteproyecto, el Ministerio «ignora qué funcionarios van a trabajar en esas oficinas, si van a ser del Estado o de los municipios, a quienes tendría que compensar de alguna manera».
Aurelio González, abogado de Villarcayo y muy implicado en defensa de la mejora de la Justicia en el medio rural, indica que «la creación de los tribunales de instancia será con base territorial en los partidos judiciales, no en las capitales provinciales, con lo que a priori no va a suponer un cambio en el modelo territorial y todas las sedes judiciales se quedarán donde están». Pero observa alguna amenaza, porque el anteproyecto establece que «pueda haber tribunales de instancia -especializados en una determinada materia- que extiendan su jurisdicción no solo a su partido sino a otros limítrofes, de la propia provincia o de otras cercanas». La norma también apuesta por órganos colegiados de jueces «para compartir conocimientos, para flexibilizar su trabajo», pero en un partido «con dos jueces, uno será de instrucción y otro de primera instancia». Lo que subyace es «una voluntad de que poco a poco esos órganos colegiados asuman competencias y vayan a las capitales de provincia».
El presidente de la Audiencia Provincial, Mauricio Muñoz, considera que la Administración ha de tener claras sus prioridades. Si la apuesta «es acercar la Justicia al ciudadano del medio rural, han de mantenerse los partidos, porque además se han hecho inversiones en edificios -Briviesca o Salas son ejemplos- que no se pueden dejar de lado». Pero entiende que hay demarcaciones que desde «el punto de vista de la eficiencia y de la carga de trabajo que soportan no se justifican». A lo que añade el hándicap que tienen en esos juzgados de pueblo para mantener a su personal, que «normalmente es interino y se queda poco tiempo en su destino porque su objetivo es regresar a la capital».
Para Blanca Subiñas, conservar la actual organización territorial es positivo para «preservar y dar servicio al medio rural», pero es consciente de que en esas oficinas judiciales municipales «no puede haber los mismos medios que en la capital, no van a tener un equipo de valoración de víctimas por ejemplo». En este sentido, señala que hay que «avanzar en la mejora tecnológica con el fin de que los habitantes de los pueblos puedan ser igual de bien atendidos».