Agentes de la Guardia Civil y celadores del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León han liberado a un ejemplar hembra de ciervo que se encontraba en cautividad en una explotación ganadera ubicada en una localidad de la comarca burgalesa de La Demanda.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta fue alertado de la situación irregular del animal, que se encontraba encerrado en una tenada bajo custodia del responsable de una explotación ganadera de ovino, que carecía de los permisos necesarios para su tutela, según informa la Guardia Civil.

Por ello, agentes del Seprona de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Burgos, así como personal de la Junta en la reserva de caza, se personaron en la granja para llevar a cabo una profunda inspección de la parcela y sus instalaciones.

En presencia del ganadero, visitaron una edificación tipo tenada, en cuyo interior localizaron al animal que compartía espacio con varias ovejas. A simple vista, la hembra de ciervo presentaba buen aspecto general.

Según las mismas fuentes, el propietario de la finca, inicialmente reticente a desprenderse del cérvido, alegó ante los agentes que en el pasado mes de mayo un vecino le entregó el animal para que lo curara después de haber sufrido un atropello, cuando apenas contaba con unas semanas de vida. Además, señaló que durante la recuperación de la cierva, había intentado ponerse en contacto con varios organismos para entregarlo, siempre con resultado negativo.

Las pesquisas practicadas por los agentes han verificado que, efectivamente, durante estos meses el ganadero llevó a cabo varias acciones para desprenderse de él y que también adquirió medicación que administró al cérvido con la intención de curarle.

Finalmente se ha recuperado y ha sido entregado a un veterinario del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Burgos, presente durante la inspección, para su valoración veterinaria y en su caso, la devolución a su hábitat natural.

Conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, está tipificada como infracción "la captura, persecución injustificada de especies de fauna silvestre y el arranque y corta de especies de flora en aquellos supuestos en que sea necesaria autorización administrativa, cuando no se haya obtenido dicha autorización".

Para este tipo de infracciones administrativas catalogadas como graves, siempre que no sean constitutivas de delito, se contemplan sanciones económicas que, aplicadas en su grado máximo, pueden conllevar multa de hasta 200.000 euros.