Es verdad que el Ayuntamiento siguió multando después de que los juzgados burgaleses determinaran que había que señalizar físicamente los fotos rojos. Pero no lo es menos que ya no está peleando en los juzgados por ganar los recursos que los ciudadanos están poniendo contra las denuncias anteriores a agosto de 2022, la fecha en la que el Consistorio colocó los carteles que informan de la presencia de los semáforos espía.

Los servicios jurídicos municipales se están allanando en los procedimientos que se abren en los juzgados contencioso administrativos que tienen origen en recursos contra denuncias impuestas por los fotos rojos antes de agosto del pasado ejercicio. Hay que recordar que fue en ese momento cuando el Ayuntamiento decidió cumplir con el mandato de los tribunales, que instaban al Consistorio a señalizar de forma visible estos aparatos.

En una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, que responde a un recurso de una sanción impuesta el 18 de febrero de 2022, se puede leer que el letrado municipal «ha presentado un escrito allanándose a lo pretendido por la parte demandante». De manera que el juzgado de lo contencioso administrativo número 1, en este caso, estima íntegramente las alegaciones del ciudadano sancionado, le condona los 200 euros de multa que conllevaba la denuncia y le devuelve los cuatro puntos de carné, que son los que se pierden cuando un conductor se salta un semáforo en rojo.

Las señales que advierten de la presencia de los fotos rojos en nuestra ciudad (dos en avenida de Cantabria, otros dos en calle Vitoria, uno en avenida del Arlanzón y un último en la avenida del Cid) ya están puestas. Hay que recordar que empezaron a funcionar a finales del año 2011. Y pese a que organizaciones como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) llevaban tiempo advirtiendo de que debían señalizarse -igual que los radares- ningún burgalés acudió a los tribunales hasta después del año 2020, que fue cuando un vallisoletano le ganó un pleito a su Ayuntamiento, que se vio obligado a retirarle la multa y a devolverle el dinero y los puntos. En ese momento fueron presentados varios recursos en los dos juzgados de lo contencioso administrativo de Burgos y desde diciembre de 2021 los dos órganos mantienen el mismo criterio a la hora de dictar sentencia. Hasta esa fecha el número 1 ya había anulado una sanción por no estar debidamente señalizado el semáforo y no someterse a pruebas metrológicas.

El Ayuntamiento de Burgos ignoró este pronunciamiento y se agarró a uno previo del otro órgano, el 2, que sí le daba la razón. Este escenario dejaba a los conductores que recurrieran a los tribunales un 50% de posibilidades de ahorrarse la sanción. Sin embargo, desde el pasado 20 de diciembre de 2021 el criterio en esta jurisdicción paso a ser único. Una sentencia de ese juzgado afeaba nuevamente al Consistorio que no informase debidamente a los vehículos del 'foto rojo'. Lo cual abría la veda a un aluvión de reclamaciones con la seguridad de que podían tumbar las denuncias, como así sucedió.

En un primer momento el Ayuntamiento reaccionó haciendo más visible en su página web la información sobre el emplazamiento de los semáforos espía, una decisión según las sentencias posteriores. En una de ellas el juez decidió condenar en costas al Consistorio, tras lo cual el área de Seguridad Ciudadana decidió señalizar.