Mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ya tiene encaminada la aprobación de sus terceros Presupuestos Generales del Estado consecutivos, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, puede verse abocado a prorrogar los que actualmente están en vigor. Se da la circunstancia de que la aprobación de las cuentas públicas de ambos puede estar relacionadas con el acuerdo entre los mismos actores, PSOE y ERC y que en ambos casos, ni a ERC le interesa hacer caer al Gobierno central, ni a los socialistas catalanes el Govern pese a su consolidación como el primer partido en Cataluña.
Pero si en el caso del Gobierno el pacto es plausible, en el del Govern es prácticamente imposible. La decisión de ERC en el Congreso de no presentar una enmienda a la totalidad de los PGE es el primer síntoma del acuerdo, que no tiene por qué ser fácil. Cataluña sale favorecida en las inversiones en las cuentas públicas –distinto es que lleguen a materializarse- y puede obtener otros compromisos de carácter social -ley de vivienda- dado que las pretensiones de obtener cesiones en el ámbito soberanista están fuera de su alcance. El Ejecutivo da largas cambiadas a la modificación del delito de sedición en el Código Penal, y donde dice que hay que modificarlo para adecuarlo a la legislación europea, a continuación señala que no hay mayorías para lograrlo. La cuerda no se estirará tanto como para llegar a romper la mesa de negociación bilateral que es el objetivo estratégico de los republicanos catalanes, mientras que el Gobierno ya da por descontadas las críticas por el apoyo de los indepes a sus cuentas públicas.
En el caso catalán uno de los escenarios más plausible es el de la prórroga de sus cuentas públicas. Aragonès ha rechazado la mano tendida del PSC para ayudarle a sacarlos adelante después de la ruptura del Govern y la salida de Junts, cuyo consejero de Hacienda, Jaume Giró, había sido el autor del proyecto del que ahora se ha desligado el partido de Carles Puigdemont. Esta operación tendría muchos riesgos para los socialistas tanto en Cataluña como en el resto de España, pero tendría la justificación de ser un paso necesario para lograr la estabilidad de la comunidad en un momento de crisis económica. Para ERC el apoyo socialista sería dejar el campo libre a las críticas de los posconvergentes y a los antisistema de la CUP y podría ser un revulsivo que despertara al movimiento independentista, ahora más adormecido. La reedición de un tripartito de izquierdas, con socialistas y los comunes es otra posibilidad que rechazan los líderes de ERC, aunque también entre los socialistas catalanes existen muchas dudas sobre la fiabilidad de los republicanos como socios y más con el aliento de Junts en el cogote.
La soledad de Pere Aragonés deriva de su posición parlamentaria, con solo 33 escaños de 135, y sin posibilidad de buscar aliados, a unos porque los acaba de echar del Gobierno -y Junts ratificó la ruptura- y otros porque su apoyo es un regalo envenenado, de tal forma que su dilema es encontrar la fórmula con la que aguantar el resto de la legislatura después de renunciar a poner en práctica su agenda legislativa para la que no contaría con los apoyos suficientes, o convocar elecciones anticipadas que podrían suponer la certificación del fin del procés.