La sección de tramitación de sanciones de la Agencia de Protección Civil -con sede en Valladolid- ha recibido esta misma semana las certificaciones que requirió al Ayuntamiento de Burgos sobre una denuncia de enero de 2020 a un local del hostelero al que supuestamente el concejal Julio Rodríguez-Vigil concedió trato de favor, según los propios técnicos municipales. El expediente de la Policía Local, por una presunta infracción relacionada con la mala aplicación del derecho de admisión, data del 19 de enero del pasado año y llegó a Protección Civil un mes después por tratarse de una infracción tipificada como muy grave. La petición de información -propiedad del establecimiento, dirección, aforo, etc-al Consistorio de la capital se produjo a los pocos días de recibir el expediente y no ha llegado hasta ahora, una vez que el edil no adscrito (antes de Ciudadanos y miembro del equipo de Gobierno) ya no tiene responsabilidades en área de Licencias. El procedimiento tiene fecha de caducidad en el mes de enero del próximo año, por lo que, a partir de ahora, la Junta debe darse prisa en la tramitación de la sanción, si es que finalmente observa que hay materia para multar.   

Por tanto, los expedientes a este hostelero de los que el edil supuestamente «sustrajo» información para ralentizar el procedimiento sancionador comienzan a desatascarse en la Junta de Castilla y León. Hay que recordar que la empleada municipal que destapó el asunto aludió a otro expediente, este más reciente -del 21 de septiembre de este año- sobre una denuncia al mismo establecimiento, en este caso por una infracción relacionada con el aforo del local.

La denuncia de esta funcionaria sobre la conducta del concejal de Licencias fue la que precipitó la dimisión de Rodríguez-Vigil el pasado 25 de octubre. La trabajadora municipal señaló en un correo electrónico enviado al alcalde, Daniel de la Rosa, que el concejal de Licencias «sustrajo» certificaciones relativas a una multa de un establecimiento de hostelería de Huerto del Rey. Esos documentos habían sido colocados junto a todo lo que estaba pendiente de firma,  pero en su testimonio la funcionaria advirtió de que Rodríguez-Vigil procedió a firmar absolutamente todo, incluidas otras certificaciones, pero se llevó las dos del establecimiento de dicho hostelero. Esa información, según la propia explicación de la empleada pública, es clave para que la Administración regional lleve a cabo el procedimiento sancionador.

El Ayuntamiento prepara un completo informe para determinar si las acciones de Vigil tienen entidad para acudir a los tribunales. Por lo pronto, la asesoría jurídica del Consistorio ya vio indicios de delito en su conducta, aunque añadía que se debía investigar más en el ámbito del Ayuntamiento, unas pesquisas que se han estado llevando a cabo en las últimas jornadas, con la revisión de documentación y la toma de declaración a funcionarios y al propio concejal, que el pasado martes acudió con su abogado para dar explicaciones sobre el asunto. No tardó más de 10 minutos en hacerlo.