Ayuntamiento y Junta, ante la justicia por las salas de juego

ANGÉLICA GONZÁLEZ
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La Administración autonómica y las empresas del ramo interponen un procedimiento contencioso-administrativo con el objetivo de que se modifique la prohibición incluida en el PGOU de abrir estos 'casinos' en zonas residenciales

El PGOU obliga a las nuevas salas a ubicarse en polígonos o centros comerciales. - Foto: Valdivielso

Este martes está previsto que se celebre en el Tribunal Superior de Justicia la vista del procedimiento contencioso-administrativo que varias asociaciones de empresarios del juego y la Junta de Castilla y León han interpuesto contra el Ayuntamiento de Burgos por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno del 19 de febrero de 2021 después de que la asociación contra la ludopatía, Abaj, lo solicitara. Este cambio -que implica que las salas de juego no puedan ubicarse en zonas residenciales «para prevenir los riesgos que suponen para la salud», por lo que se relegan las de nueva creación a centros comerciales y zonas industriales- salió adelante con el beneplácito de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. El 30 de marzo de ese año, la modificación se publicó en el Bocyl pero el 22 de abril una orden de la Consejería de Presidencia, que ocupaba entonces el burgalés Ángel Ibáñez, requirió al Ayuntamiento que anulara el acuerdo.

Hasta el momento, el Consistorio ha hecho caso omiso de esa solicitud que para Abaj es «una pirueta de difícil explicación», razón por la cual el asunto se dirimirá en los tribunales. Alega la Junta que el Ayuntamiento no es competente en materia de juego y los empresarios entienden que merma su negocio. Frente a ello, Abaj, que tiene en la actualidad a más de 170 personas en tratamiento, opina que  es «un pequeño avance en la tarea de establecer una regulación que impida o contribuya a impedir los graves problemas que la ludopatía general tanto a nivel personal, familiar como social y que debería ser continuada por otras administraciones distintas a la municipal», según explicó el psicólogo de la entidad, David Burgos, quien insistió en que van a seguir trabajando para dificultar cada vez más el acceso al juego ya que es «uno de los medios adecuados para acabar con esta peligrosa lacra (...)».

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