El Ingreso Mínimo Vital, la principal herramienta del Gobierno para la lucha contra la pobreza extrema y la exclusión social, cumple dos años sin haber satisfecho las expectativas. 450.000 hogares, en los que viven 1,1 millones de personas, reciben en la actualidad esta prestación que el Ejecutivo esperaba llevar hasta las 850.000 familias (2,3 millones de beneficiarios).
La implementación de cualquier nuevo sistema de ayudas implica dificultades importantes, pero a tenor de los resultados -sólo se aprueba una de cada cuatro solicitudes, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales- y de las diversas reformas que ha experimentado el decreto inicial puede señalarse que el diseño de la ayuda no se ajustaba del todo a la realidad social del país, posiblemente porque fue concebida con una mezcla de idealismo bienintencionado, urgencias electoralistas y poco diálogo con quienes gestionan directamente las competencias en materia social que son las instituciones locales y autonómicas.
Dos son los principales escollos con los que se encuentra la eficacia de la prestación. Por un lado, la dificultad de llegar a las personas que realmente necesitan esta ayuda que, en ocasiones, ni conocen su derecho ni tienen capacidad de adentrarse en el enredo burocrático que supone rellenar cualquier solicitud, dado que generalmente los potenciales beneficiarios presentan situaciones de grandes carencias educativas, culturales o materiales. Por el otro, las exigencias formales que establece la norma acerca de certificaciones oficiales -afortunadamente moduladas- han dificultado enormemente cumplir con los requisitos. En ambos casos, cabe señalar el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG), en ocasiones tan denostadas por quienes ni siquiera se interesan por su trabajo, en facilitar el desarrollo de la prestación.
Pasados dos años, no es descabellado plantear que en la agenda de los grandes pactos de Estado que periódicamente exhiben los partidos políticos se incluya también la lucha contra la pobreza. Es en este contexto donde la política de inclusión social, de la que forma parte el IMV, debe ganar eficacia mejorando los sistemas de coordinación y transparencia de datos entre las diversas instituciones locales, autonómicas y nacionales; reforzando la colaboración con las ONG y, por ejemplo, implantando una tarjeta social digitalizada que unifique el acceso al sistema, sea útil para la gestión y el control de las diferentes ayudas y elimine el laberinto burocrático actual.
Un país desarrollado no puede permitirse dejar atrás a casi una cuarta parte de su población y debe encontrar instrumentos eficaces para eliminar las carencias redistributivas de la actual política fiscal que, pese a las esperanzas y la habitual propaganda con que fue lanzado, el IMV no ha sido capaz de suprimir.