Las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género son fundamentales para mantenerlas a salvo. Lo saben bien los operadores jurídicos, quienes trabajan en el apoyo a este colectivo y las que lo han experimentado. Tener lejos al agresor es fundamental para empezar a respirar tranquila y, por esa razón, las medidas que con mayor frecuencia se toman son las del alejamiento (262 el año pasado) y la de la prohibición de comunicación (255). Llama la atención que la suspensión de la tenencia de armas como forma de protección ha experimentado un crecimiento exponencial, según datos de la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Así, mientras en 2021 fueron 4, el año pasado se establecieron 19.
Según explican fuentes judiciales, la suspensión de tenencia de armas es una medida accesoria que se impone prácticamente siempre cuando el condenado posee licencia para utilizarlas, por lo que este incremento puede estar vinculado a que en los casos de mujeres que solicitaron una orden de protección y se la concedieron estaban implicados varones que tenían esta capacidad legal para portar y utilizar armas.
La memoria recoge, además, que en dos casos se decretó la salida del maltratador del domicilio; en siete, hubo una medida privativa de libertad y en 6, la prohibición de volver al lugar en el que se cometió el delito. La gran mayoría de estas medidas (pasó en el 96,55% de los casos) se tomaron a instancias de la propia víctima, que mayoritariamente fueron mujeres españolas mayores de edad. Los datos del CGPJ reflejan que en cuatro casos fueron chicas menores las que pidieron las medidas. En cuanto a los agresores denunciados, 153 eran de nacionalidad española y 137, extranjeros.
A lo largo de todo el año pasado se enjuició a 133 varones de los que 131 fueron condenados (81 españoles y 50 extranjeros) y dos resultaron absueltos. La relación más frecuente con sus víctimas fue, en primer lugar, la de haber tenido con ella una relación afectiva en el pasado (48,80%); después, tener en el presente esa relación (30,58%); ser su cónyuge (11,68%) y su excónyuge (8,59%).
Los asuntos penales que se vieron durante 2022 fueron 1.210 ingresados (frente a los 1.077 del año anterior) y 1.138 resueltos (1.031 en 2021). Los delitos fueron un total de 960, la mayoría lesiones y malos tratos (454), pero también contra la libertad (16), contra la libertad e indemnidad sexual (4), contra la integridad moral (38), contra la intimidad y el derecho a la propia imagen (27), contra el honor (160), contra los derechos y los deberes familiares (10) y quebrantamiento de medidas (75).
Riesgo alto de agresión. Por su parte, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) del Ministerio del Interior, que ofrece datos mensuales, registra que hay 771 mujeres burgalesas que están teniendo una vigilancia por sufrir algún tipo de riesgo de agresión de sus exparejas. En 16 de los casos ese riesgo es alto.
En la estadística se incluye también a jóvenes menores de edad: hay cinco que están recibiendo este seguimiento de forma activa: tres de ellas tienen lo que se denomina un «riesgo no apreciado», dos, un riesgo bajo y una, un riesgo medio.