La protección de los resultados de investigación parece haber alcanzado la «madurez» en los últimos dos años, después de que la entrada en vigor de la nueva ley de patentes en 2017 frenara este registro por su impacto tanto administrativo, que se traduce en un mayor papeleo, y económico, al tener que desembolsar una cuantía por dicha tramitación de la que las universidades públicas estaban exentas. Tras adaptarse a ese cambio de las reglas del juego, la UBU ha recuperado el ritmo de crecimiento de solicitudes, lo que le ha llevado a situarse como el segundo campus público de la región en preservar su producción científica.

Los últimos datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, recogidos en la página web del Ministerio de Industria, revelan esta evolución en el sistema universitario público en el periodo 2008-2021. Partiendo de dicha información, la de Burgos se sitúa en el puesto 23 de un total de 39 entidades analizadas al haber sumado durante ese tiempo un total de 119 peticiones registro, después de un crecimiento del 20% en las dos últimas anualidades. Valladolid, por su parte, contabiliza 227 e idéntica subida, mientras que León y Salamanca se quedan en 79 y 73, respectivamente, en esta radiografía.

La estadística recoge las solicitudes de patentes nacional registradas, la mayor protección posible de las invenciones y  la que también conlleva un procedimiento más complicado y farragoso, además de tener que cumplir con tres requisitos básicos; que la idea sea nueva, tenga rango inventivo y cuente con aplicabilidad industrial. Son los departamentos de Química, Biotecnología y Ciencia de los Alimentos, Ingeniería Civil, Electromecánica, Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno los más activos a la hora de proteger los resultados de sus investigaciones.

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