2.992 empleados del Santander ya han abandonado el banco a 30 de noviembre, según los últimos datos facilitados por la comisión de seguimiento del Expediente de Regulación de Empleo que está llevando a cabo la entidad financiera a nivel nacional. Esta cifra se eleva hasta los 3.069 contando los trabajadores que han firmado su salida para meses posteriores, un 95% de las 3.223 bajas acordadas antes del verano entre la dirección del grupo presidido por Ana Botín y los sindicatos con el objetivo de recortar la plantilla y reducir las duplicidades de la red tras la adquisición del Popular.
De esos 2.992 empleados que ya han hecho las maletas (en torno a un 10% del total de la plantilla actual, según CCOO), 24 son de Burgos. Estas salidas se han ido materializando a la par que iban cerrando sucursales, más de mil en todo el país, ocho de ellas en nuestra provincia.
Las primeras que dejaron de prestar servicio fueron las oficinas de Melgar de Fernamental y Espinosa de los Monteros, que bajaron la persiana el pasado 20 de septiembre. En ambas localidades, las prácticas bancarias habituales (sacar e ingresar dinero, realizar transferencias o actualizar la cartilla y prestar una labor de asesoramiento) pasaron a manos de agentes colaboradores. Miranda de Ebro, Medina de Pomar, Salas de los Infantes y Villarcayo fueron los siguientes municipios que perdieron una sucursal, el 4 de octubre. Ese mismo mes cerró sus puertas una oficina en Roa y ya en noviembre lo hizo otra en Briviesca.
Con esta deslocalización, "multitud de personas se quedan sin una oficina bancaria de referencia alrededor y eso es un paso más para que la gente se vaya de los pueblos", remarca Jesús Vara, de UGT, que teme, además, que estos cierres no sean los únicos porque la entidad financiera ya baraja otra reestructuración de la red para 2020.
Despidos forzosos. Para completar los 3.223 despidos que contemplaba el acuerdo, 5.558 trabajadores se presentaron voluntarios para salir, 3.030 peticiones fueron aceptadas y el resto (2.528) rechazadas, forzando hasta el momento la adhesión de otras 39 personas al ERE para abaratar un proceso que aún no ha acabado porque todavía se está llamando a gente "de forma selectiva", con edades comprendidas entre los 30 y 45 años, a los que "están presionando para que se vayan". "Dada la situación y la coyuntura laboral que hay, creo que hay que garantizar la voluntariedad de estos procesos", manifiesta Vara, que lamenta que estén amparados por la reforma laboral para llevar a cabo estas medidas.
La salida de trabajadores jóvenes ha envejecido una plantilla de miles de personas con "escasa gente menor de 30 años". "No vemos alentador el futuro en la creación de empleo", expresan desde UGT.