El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos ha desestimado íntegramente las pretensiones de la unión temporal de empresas formada por Construcciones Hermanos Riesgo, Excavaciones Sierra y Electricidad Eufón en relación con las obras que ejecutaron en 2019 en la parcela de El Picón, en Aranda de Duero.
La UTE demandó al Ayuntamiento de la capital ribereña y solicitó al citado juzgado que condenase al Consistorio a pagarles dos certificaciones: una por importe de 68.093 euros y otra (la final) por 100.081 euros. En total, 168.174 euros, además de los intereses de demora. Sin embargo, la justicia ha rechazado esta petición, por lo que el Consistorio arandino no tendrá que pagar por ahora esas cantidades. En cualquier caso, la UTE ha recurrido y ahora ese recurso está pendiente de que se resuelva por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Las empresas que desarrollaron la urbanización de esta parcela, de unos 128.000 metros cuadrados y donde se celebra el festival Sonorama Ribera, recurrieron el acuerdo que la Junta de Gobierno Local adoptó el 30 de octubre de 2020. Ese día se rectificó una certificación por no adecuarse con las obras definidas en el proyecto ni con las obras efectivamente ejecutadas.
La UTE defendió que «no es posible» rectificar las certificaciones una vez que la prestación del contrato ya se había ejecutado. También argumentó que el Ayuntamiento ocupó la obra (al celebrar Sonorama) y que esa ocupación «es similar a la recepción formal de la misma». Asimismo, las empresas insistieron en la obligación de pago de las certificaciones tal y como se presentaron, «es decir, sin modificación ni rectificación».
Por su parte, el Ayuntamiento defendió que la recepción formal no se llevó a cabo por las deficiencias detectadas y por la no subsanación de las mismas. En cuanto al pago, argumentó que «no se puede pagar lo que no se ha hecho o se ha hecho de manera deficiente». En este sentido, los servicios jurídicos municipales apuntaron que quedó acreditado que el Consistorio ha pagado «más importe que el debido» según la obra ejecutada. Entre las deficiencias se cita, por ejemplo, que se sustituyó el pavimento proyectado, que era de doble mallazo de hormigón, por otro sin ese mallazo pero con fibra de circonio.
De hecho, un informe sobre las patologías en El Picón realizado por una entidad externa planteó dos soluciones: una reparación con un coste de 502.219 euros o una reconstrucción por 713.008 euros.
En su sentencia, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo indica que ha quedado acreditado que la obra ejecutada no se corresponde con la contratada, que tampoco se ejecutó correctamente y que no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento porque se usó para un acto concreto (Sonorama) y no de forma permanente. Por ello, el juzgado rechaza lo alegado por la demandante e indica que no procede condenar al Consistorio a pagar los 168.174 euros que reclaman.