El conflicto sigue ahí después de al menos 15 años sin resolverse, aunque metido en un cajón al verse frustrada la operación urbanística que el exrector de la Universidad de Burgos José María Leal propuso en 2006 en el polígono docente del Vena. La polémica por la titularidad del antiguo campo de fútbol ubicado en la calle Francisco de Vitoria ha vuelto a la palestra a raíz de que el actual máximo responsable de la institución académica, Manuel Pérez Mateos, anunciara el pasado verano la posibilidad de subastar dicho terreno como vía de financiación para el campus.
El problema sobre esta parcela radica en que la UBU defiende su propiedad con la misma intensidad con la que lo hace el instituto Conde Diego Porcelos como espacio anexo a sus instalaciones, esgrimiendo en ambos casos documentos con los que se retrotraen en el tiempo para exponer sus argumentos. Mientras tanto, la Consejería de Educación se limita a asegurar, al ser preguntada por esta cuestión, que «se trata de un tema jurídico complejo que se sigue analizando» en dicho departamento.
«La titularidad es de la Junta de Castilla y León y el solar es único, es decir que incluye el edificio actual y el campo de fútbol», subraya el director del centro de Secundaria, Jesús Martín, añadiendo en este sentido que fue transferido en su momento por el Ministerio de Educación cuando se traspasaron las competencias educativas a las comunidades autónomas. Hace referencia a su aparición en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al igual que a un «certificado catastral» que atestigua que su uso corresponde al Diego Porcelos y «yo como director lo voy a pelear hasta el final».
Se da la circunstancia de que el instituto fue seleccionado el año pasado por la Consejería de Educación para poner en marcha un programa de renaturalización y adaptación al cambio climático de los patios exteriores de las dotaciones de enseñanza, contemplándose actuaciones tanto en los espacios que ya se usan para este fin como en el campo de fútbol. «Continuaremos con el proyecto», sostiene Martín, en referencia a que la aportación regional, no tan elevada como lo esperado, se destinará a mejorar las zonas más cercanas al edificio, mientras que, ya por cuenta del presupuesto del instituto, se procederá a la creación de huerto en el citado solar.
La UBU, por su parte, defiende la propiedad y el uso de la parcela al asegurar haberla inscrito en el Registro de la Propiedad antes que la Junta; primero por parte de la entonces Universidad de Valladolid en virtud de una ley de 1983 que recoge que las «universidades asumirán la titularidad de los bienes de dominio público que se encuentren afectos al cumplimiento de sus funciones», y después de la de Burgos cuando se crea en 1994.
De la misma forma, fuentes de la institución docente sostienen que el «conflicto» se produce a raíz de la transferencia del Estado de las enseñanzas no universitarias a las comunidades autónomas, momento en que «traspasa a la Junta una propiedad que no era suya y esta la registra». En cuanto al uso del terreno, señalan que se viene «utilizando desde los años 70», además de que subrayan que también figura a su nombre en el Catastro.
Alcanzar un acuerdo. Fue el pasado verano cuando el Rectorado tuvo conocimiento de la situación al iniciar el estudio de la posible subasta del campo como vía de financiación, según explican. La intención pasa por alcanzar un acuerdo con la Junta que permita asegurarse su titularidad única. «No buscamos algo determinando, sino solucionar la inseguridad que causa la existencia de ese doble registro», explican, al tiempo que avanzan que ya se ha solicitado una reunión al Gobierno regional. Por el momento, se no planean acudir a los tribunales, aunque tampoco lo descartan «si no hay otro remedio puesto que el objetivo de la Universidad de Burgos es defender sus legítimos derechos».