Pese a que ninguna provincia española había pasado siquiera a fase 3, y aunque las restricciones de movilidad regían todavía entre distintos territorios, a lo largo del mes de mayo más de 750 pacientes de otras comunidades autónomas solicitaron el traslado de su tarjeta sanitaria a Castilla y León como «desplazados temporalmente».
Así figura en los datos abiertos que publica la Junta de Castilla y León y que revelan que la inmensa mayoría de ellos siguieron siendo vascos y madrileños, por este orden, como ya ocurrió en marzo y en abril. En concreto fueron 471 personas procedentes de Euskadi y 181 de la Comunidad de Madrid los que pasaron a la provincia de Burgos a continuar el confinamiento. Los datos son incluso superiores a los registrados en abril, cuando el número total de desplazados alcanzó los 646 y los vascos y madrileños superaron rozaron los 580. Son números sorprendentes teniendo en cuenta que la movilidad interprovincial continúa prohibida todavía a día de hoy.
Siempre siguiendo la estadística del portal de transparencia de la Junta, el tercer origen más numerosos de tarjetas sanitarias de desplazados fue Cantabria, con 46 casos, y a gran distancia se sitúan extremeños (6), manchegos (5), gallegos (13), asturianos (22) y aragoneses (13). En todos los casos salvo los de Castilla-La Mancha y Extremadura se trata de cifras superiores a las de abril y la evolución de esta estadística permite apreciar una tendencia de normalización más cercana al mes de febrero, cuando la pandemia no había mostrado su cara más trágica, pero ha de tenerse presente que para entonces la libertad de movimientos era absoluta y ahora no.
Entre las comunidades limítrofes con Castilla y León faltan los datos de La Rioja que no se han hecho públicos y que en el caso de la provincia de Burgos a buen seguro engordarían la estadística por las relaciones socioeconómicas que mantiene la parte oriental burgalesa con las cercanías de Logroño.
Estos ‘trasvases’ -más agudizados todavía en marzo que en abril- han tenido su reflejo en las dispensaciones de medicamentos realizadas por las farmacias de la provincia. La Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica ha informado de que en este periodo de dos meses se han contabilizado 50.131 recetas de pacientes de otras comunidades autónomas. La mayoría de ellas, 34.460, han sido correspondientes a personas procedentes del País Vasco.
Estos números suponen un incremento muy significativo en comparación con los que se obtuvieron en el mismo periodo (marzo y abril) de 2019, hasta el punto de que se observa un crecimiento de un 64,77% en el número de recetas dispensadas: En 2019 fueron 30.425 mientras este año, como ya se ha dicho, 51.131 en pacientes de todas las comunidades autónomas. Las correspondientes a los vascos ‘trasladados’ crecieron un 60,81% al pasar de 13.031 a 21.429.
«Son unas cifras abultadas que probablemente tengan que ver con las medidas que se tomaron desde la Consejería de Sanidad en el sentido de dispensar más de una receta al mes, entro del sistema de receta electrónica, con el objetivo de facilitar el abastecimiento de los pacientes y que estos no tuvieran que salir de sus domicilios con tanta asiduidad durante el confinamiento», explicó el director general de Prestación Farmacéutica, José Ramón Garmendia.
En cuanto a los pacientes traslados que retiraron recetas de las farmacias, el aumento con respecto a 2019 es prácticamente inapreciable, según los datos aportados por esa dirección general. Así, la diferencia entre 2019 (9.281) y 2020 (9.314) es de apenas 33, un 0,36%, mientras que en el caso de los vascos -que es el colectivo que más mayoritariamente se acerca a la provincia de Burgos- es de 266 (6.192 en marzo y abril del año pasado y 6.458).