El reciente acuerdo del G7 para fijar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas tecnológicas supone el primer intento serio de desmantelar las artimañas con las que empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google y Facebook operan desde hace tiempo en paraísos de la exención fiscal. Hasta ahora, los titanes de la tecnología han maniobrado sin escrúpulos por todo el mundo para minimizar sus obligaciones tributarias aprovechándose de la arcaica estructura fiscal global. De forma legal pero torticera, las corporaciones digitales de Silicon Valley se sirven de la laxitud que les brindan en Europa, por ejemplo, países proclives a la elusión impositiva como Luxemburgo, Holanda o Irlanda, mientras el resto vemos atónitos y con las manos atadas cómo esas economías no paran de crecer dopadas. Se han necesitado décadas de presión, una crisis financiera y una pandemia para intentar llegar a un punto en el que la globalización se aproxime a la convergencia fiscal y a una justa redistribución tributaria.
El intento por zanjar estos agujeros transnacionales fue uno de los mayores frentes de disputa entre la UE y EEUU durante el mandato de Trump. Ahora, el cambio de guardia y de formas en Washington también empieza a dejar huella en materia de fiscalidad global. La Administración Biden levanta el bloqueo y allana así el camino hacia una ‘tasa Google’ universal, lo que hace más que probable que haga caer las tasas que están aprobando de forma particular cada vez más países para evitar perder unos ingresos clave para los erarios públicos. Porque con un hipotético desarrollo legislativo del acuerdo del G7 dejaría de tener razón de ser el polémico gravamen a las grandes tecnológicas que en España, por ejemplo, entró en vigor en abril y por el que pende una amenaza de Washington de imposición de aranceles a nuestras exportaciones.
A pesar de que el G7 no tiene un papel formal en el proceso de discusión de la fiscalidad internacional, un pacto en el seno de este grupo supone un impulso en las negociaciones que se desarrollan en el G20 y en el marco de la OCDE, con 135 naciones. Ahora bien, si lo que de verdad se busca es redistribuir de forma justa esta recaudación y atenazar a los paraísos fiscales, es preciso que se llegue a un acuerdo mucho más ambicioso en esos foros, también en otras materias contributivas. En lo concerniente a las tecnológicas, una tasa del 15% para gravar a las multinacionales se antoja a todas luces insuficiente si lo que se pretende es modificar una conducta éticamente reprobable pero permitida. Pretender revisar el sistema tributario universal estableciendo una imposición parecida a la que ofrece Irlanda, por ejemplo, es poner el listón tan bajo que quien está tan acostumbrado a escaquearse solo tiene que caminar por encima. En ese sentido, cuanto menos sospechosa ha sido la escasa incidencia que ha tenido el pacto en las cotizaciones de los gigantes tecnológicos en las principales Bolsas mundiales.