La Delegación del Gobierno reforzará los efectivos de Policía y Guardia Civil e introducirá a agentes de paisano en conciertos, grandes eventos y fiestas patronales en los municipios de Castilla y León para prevenir y detectar casos de sumisión química con el objetivo de que todas las mujeres «se sientan y estén protegidas» y acabar con la «sensación de miedo invalidante» que impide a la persona sentirse «libre».

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, informó del dispositivo tras reunirse con mandos policiales de ambos cuerpos y responsables de la Unidad de Violencia sobre la Mujer para abordar la prevención y respuesta a las agresiones a mujeres. En un contexto de «preocupación» por los casos de agresiones sexuales ocurridos en los últimos días en Burgos, Soria y Simancas (Valladolid), Barcones compro- metió el trabajo y la coordinación de las administraciones para acabar con esa sensación de «miedo» entre las mujeres. «Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que esto termine y todas se sientan y estén protegidas, primera premisa para nosotros».

En este sentido, trasladó la importancia de que, en caso de sentirse víctima de un pinchazo o cualquier tipo de abuso, lo denuncie de manera «inmediata» a través de los teléfonos 112, 091 o 062, se lo comunique a la persona «más cercana» (amigos, vigilantes privados, policías, etc) y se acerque a un centro médico para someterse a las pruebas recogidas en el protocolo. «Y que denuncie, porque si no es imposible averiguar el patrón de estos desalmados y pueden quedar impunes», apostilló, para insistir que prefiere «5.000 llamadas» a «un solo caso» de sumisión química.

En este sentido, señaló que hay herramientas y un kit homologado con dos máquinas adquiridas por el Gobierno para detectar este tipo de sustancias en sangre y orina. «Por eso es muy importante acudir a un centro de salud en las primeras 12 horas», precisó la delegada.

Siete denuncias.

Barcones recordó que el pasado año hubo 3.000 diligencias de agresiones sexuales en España, de las que se pidieron un millar de estudios de sumisión química, un 33 por ciento. En 720 se confirmó la detección de alcohol, drogas o psicofármacos.

En lo que va de año, en Castilla y León ha habido siete denuncias por presunta sumisión química, si bien, como reconoció Virginia Barcones, todas ellas tuvieron un resultado negativo tras la realización de pruebas. «Pero hemos tenido muchas actuaciones relacionados con esta situación», matizó, casi una veintena en los últimos días.

Medidas.

La delegada del Gobierno avanzó que solicitará una reunión con la Gerencia Regional de Salud para activar el primer protocolo con el «fin de garantizar la seguridad de las víctimas, facilitar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Juzgados para la detención de los agresores y recogidas de las pruebas».

También mantendrá contactos con las distintas administraciones a través de una reunión de coordinación con Junta, diputaciones, ayuntamientos y colegios profesionales de abogados, psicólogos y farmacéuticos, además de poner a disposición de los municipios los puntos violetas para trabajar con la sociedad en una «doble perspectiva»: «ayudar a prevenir la agresión o, si ésta se produce, colaborar para comunicar los hechos».

Además de reforzar la presencia de agentes de paisano, se incrementarán los registros de enseres personales con el fin de evitar la introducción de sustancias o materiales empleados en la sumisión química.