La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto al exalcalde de Rublacedo de Arriba, Miguel Ibáñez, y a su hermano y exvocal, Juan Carlos Ibáñez, de un delito de prevaricación y otro de negociaciones prohibidas para personas que ocupan el cargo de funcionarios públicos. Ambos fueron acusados por el Ministerio Fiscal por firmar dos contratos de arrendamiento de fincas rústicas de titularidad municipal, figurando como arrendatarios, en su condición de agricultores y vecinos del pueblo.
Sin embargo, según el magistrado, al constatar que tan solo eran «cuatro los vecinos agricultores en el pueblo, desde al menos el año 2010 se les venía otorgando los arrendamientos y a pesar de que debieron de haberse abstenido en la votación en la que se decidió dar continuidad a los referidos contratos y determinar la existencia de una situación reprochable administrativa, ello no basta para configurar un delito de prevaricación».
Durante la vista quedó patente que los acusados no negaron que firmaran los contratos pero en concreto el que fuera regidor manifestó que el secretario de aquel entonces, Luis Miguel Barrio, «nunca» les advirtió de la «irregularidad existente al votar a favor de la renovación de los contratos» reiterando que se «realizó como toda la vida». Igualmente, según declara la sentencia, Miguel Ibáñez declaró tener en su poder «los contratos anteriores y conocer los contenidos de los mismos».
Los hechos se remontan al 22 de septiembre de 2016, fecha en la que se celebró una sesión plenaria en la entidad local menor, presidida por el exregidor, a la que acudieron los exvocales, Juan Carlos Ibáñez y Marta Ruiz. En la reunión se trató la renovación de los aprovechamientos de los recintos y masa común de la pedanía para realizarla de la forma tradicional por los agricultores al precio resultante anterior, como se había hecho hasta entonces. Tanto el exalcalde como el exconcejal votaron a favor, logrando así que se aprobase la renovación, a quienes, según la Fiscalía, «supuestamente favorecía personalmente el acuerdo al ser agricultores». La tercera vocal votó en contra porque consideraba que «debían de salir a subasta pública las tierras».
Al día siguiente, y con una ausencia de procedimiento que justificase su asignación, se llevaron a cabo las firmas como trabajadores de las tierras y no como personas que ocupaban un cargo público. Los cuatro agricultores que arrendaban los terrenos anteriormente hablaron de «continuar con los contratos» porque desconocían «las irregularidades».
Malas relaciones. La sentencia también recoge las malas relaciones de los acusados y Marta Ruiz (exvocal). Tanto el municipio de Rublacedo de Abajo, como la pedanía de Rublacedo de Arriba han sufrido varias polémicas relacionadas con su gestión, y en tan solo 16 meses se presentaron en ambas localidades dos mociones de censura para cambiar de gobierno. El marido de Ruiz, Felipe Cerezo, formalizó una moción de censura en la junta vecinal en septiembre de 2016 contra el por aquel entonces regidor, Miguel Ibáñez. La propuesta salió adelante el 16 de octubre y tanto él como su hermano, Juan Carlos Ibáñez, abandonaron la corporación.