La escalada de precios en la energía le ha pillado con el pie cambiado a Aguas de Burgos. La reciente finalización del contrato del suministro eléctrico ha obligado a sacar un nuevo concurso y en el contexto actual no ha quedado otro remedio que asumir que, en este momento, lo que toca es pagar más.

La Sociedad Municipal ha calculado que la factura anual se incrementará sensiblemente, alrededor de un 40%, lo que significa que Aguas deberá de pagar al año algo más de 440.000 euros.

Según estas estimaciones, el recibo se encarecerá en unos 180.000 euros al año. No se trata de una cantidad que vaya a poner en aprietos a la sociedad, pero qué duda cabe que los recursos que se vayan a destinar al pago del suministro eléctrico ya no se podrán emplear en inversiones, reparaciones o en otro tipo de actuaciones. De mantenerse esta tendencia, en 5 o 6 años Aguas tendría que pagar un millón de euros más que con el contrato anterior.

La empresa municipal ha publicado ya un pliego en el que se establece que la duración del contrato será de un año y se reserva la opción de poder prorrogarlo por otros dos. En este último caso, Aguas podría ser la que imponga a la adjudicatario continuar con la prestación del servicio o cancelarlo.

De alguna manera, lo que pretende Aguas es, en cierto modo, tener la sartén por el mango en el corto plazo. Es decir, tener capacidad para dar por finalizado el contrato en el caso de que se observa una bajada de los precios de la energía o prolongarlo en el caso de que la situación se torne más complicada aún que en el escenario. 

Al no existir una bola de cristal que pueda anticipar el futuro, la única manera de poder tener algún control es manejar la decisión de poder prorrogar el contrato. Eso, cierto es, en el caso de que el pliego publicado por Aguas resulte atractivo y se presenten licitadores.

Precisamente el Ayuntamiento de Burgos, que ya tenía incluida esta cláusula en su contrato, lo que ha hecho es comunicar ya a Iberdrola que quiere ejercer el derecho que tiene a prorrogar el contrato hasta octubre de 2023.

En idéntica situación se encuentra el contrato del gas natural y se ha procedido de idéntica manera con Naturgy.

En el caso del Ayuntamiento la situación es mucho más sensible ya que el Consistorio capitalino paga cada año alrededor de 5 millones de euros en consumo eléctrico y algo más por el suministro de gas natural. De mantenerse un contexto tan complicado será obligado realizar sacrificios.