El secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, aseguró ayer en Medina del Campo (Valladolid) que la nueva Ley de Memoria Democrática, que previsiblemente entrará en vigor en el primer semestre del próximo año, se vertebra alrededor de la «verdad, la justicia, y el deber», y aseguró que el reconocimiento a las víctimas es un «deber moral e ineludible de la vida política y una señal inequívoca de lo que es la democracia». Martínez López, que junto con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, visitó ayer las excavaciones que la Asociación de la Memoria Histórica de Valladolid está realizando en una fosa común situada cerca de la ‘Gravera de Barbado’ donde se estima que fueron asesinadas 40 personas de la comarca, también recalcó que la nueva ley, «que es urgente y necesaria», establece como un deber del Estado y de las administraciones públicas la búsqueda de desaparecidos, tal y como demandan y recomiendan los organismos internacionales de derechos humanos, informa Ical.
En este sentido, indicó que de forma provisional y hasta la aprobación de la futura ley, el Gobierno ha puesta en marcha una línea de ayudas dirigidas a asociaciones de Memoria Histórica sin ánimo de lucro para hacer frente a los gastos que generan las exhumaciones de restos, subvenciones que también están abiertas a las universidades y se pueden solicitar para la realización de estudios y jornadas. Además, anunció que se está a la espera de firmar un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para que los ayuntamientos también se puedan beneficiar de esta línea de ayudas.
A su vez, explicó que la futura ley no sólo abarca el periodo histórico que podrían representar la República, el golpe de estado, la guerra civil y la represión franquista, sino que también amplía su campo de estudio hasta los procesos de construcción de la democracia y su valores, «ya que es la mejor manera de contribuir a asentar unas bases de nuestra convivencia y evitar que se repitan errores del pasado».