Las Cortes de Castilla y León expresaron ayer su respaldo a la trayectoria del Diálogo Social y a su actual configuración formada por la Junta, patronal y los sindicatos, después de un acuerdo «in extremis» y de que, según la oposición, haya sufrido «el ataque» y se haya querido «desvirtuar» por parte de la Consejería de Empleo e Industria. La proposición no de ley, firmada por el Grupo Socialista y Mixto (Podemos y UPL), que hacía suya, a su vez, la petición de CCOO, UGT y Cecale, para reivindicar la labor del Diálogo Social, garantizar el apoyo a la institución e implicarle tal y como está configurado en la superación de la crisis sanitaria y en la recuperación económica y social se pactó poco antes del inicio de su debate, como explicaron Luis Tudanca y Pablo Fernández, y solo recibió el voto en contra de Vox.
En la enmienda acordada, se recoge continuar garantizando un apoyo adecuado y efectivo a la institución del Diálogo Social de Castilla y León, así como a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que forman parte del mismo, con esa redacción se excluye del nuevo texto el punto de la PNL en el que se pedía la renuncia a modificar y disolver el modelo vigente y que cualquier cambio mantenga el pacto estatutario. En la presentación de la proposición no de ley, el portavoz socialista, Luis Tudanca, manifestó que hubiera deseado no presentar esa iniciativa en defensa del Diálogo Social ante el ataque por la Junta, calificó de «indiscutible» la aportación de Cecale, CCOO y UGT al acuerdo, la paz social y la negociación en lo que es «una seña de identidad de esta tierra», informa Ical.
«Por qué se ha puesto en tela de juicio algo que funciona, los consensos de comunidad no se pueden cambiar», argumentó Tudanca, que defendió el Diálogo Social, además de una forma de hacer política, en la que «se cumple la palabra» y no se crea «confrontación». «Espero que esta sea la última vez que tengamos que defender aquí el Diálogo Social porque nadie lo ponga en duda», concluyó.
Pablo Fernández, por su parte, afirmó que «hoy es un día agridulce» que PSOE, Podemos y UPL tengan que defender el Diálogo Social para defender y reivindicar la figura del Diálogo Social que «ha sido clave» en el desarrollo de la Comunidad y añadió que «in extremis» se ha podido llegar a un acuerdo.
En nombre de Cs, Inmaculada Gómez reconoció el «alto nivel de concertación» en la política y economía de Castilla y León, defendió que la Junta no ha dejado de apoyar el Diálogo Social y sostuvo que la propuesta de la Consejería no va contra nadie, donde se refirió a que en su norma se contempla ya crear comisiones sectoriales y no se desvirtúa su actual configuración.
«El Diálogo Social para el PP es una herramienta para la búsqueda de soluciones, es irrenunciable, no entendemos las dudas», defendió el popular Alberto Castro, que recordó que se han firmado más de cien acuerdos con este instrumento de concertación social cumplidos en un 95% por la Junta. Así, destacó su contribución a la paz social por lo que aseguró no entender las dudas de PSOE, Podemos y UPL a los que no dudó en reprochar que se olviden de la importancia del poder ejecutivo.
Críticas a la Junta
Patronal y sindicatos, dos de las patas del Diálogo Social autonómico acusaron a la Junta de intentar «diluir» el modelo de concertación, rechazaron las «ocurrencias» y valoraron la proposición no de ley aprobada por las Cortes de Castilla y León en la se defiende el mantenimiento del Consejo del Diálogo Social tal y como existe en la actualidad. Desde CCOO, UGT y Cecale, según un comunicado recogido por Ical, agradecieron «este espaldarazo político» al «principal» espacio de concertación social regulado, además, en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Además, destacaron que este amplio consenso en las Cortes abre una vía para seguir negociando los asuntos que están encima de la mesa del diálogo social y la implantación de la mediación en los conflictos individuales que debe llevar a cabo el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León y una solución «razonable» a las ayudas a los trabajadores y empresas en ERTE.
Los agentes sociales consideraron que existen cauces de participación en la Administración muy importantes para la integración de las organizaciones de interés social de Castilla y León, tanto generales como sectoriales, y que, en caso de no existir, pueden y deber ser creados para mejorar la democracia participativa.
En su opinión, todas las fuerzas políticas del Parlamento han entendido, a la vista de la votación de la proposición, «que solo las organizaciones más representativas de las personas trabajadoras y de los empresarios tienen cabida en un órgano que está regulado en el Estatuto de Autonomía y que viene funcionando desde 2001».