Están repartidos a lo largo y ancho de la ciudad. Desde la barriada de San Cristóbal hasta la de San Juan Bautista, pasando por la de los Ríos, San Juan de los Lagos o la Inmaculada. Y el alfoz, con Villagonzalo Pedernales al frente, tampoco se libra. Los fondos de inversión -o fondos ‘buitre’-, que compraron a los bancos hace en torno a un lustro numerosos paquetes de viviendas cuyos propietarios no podían pagar, los están poniendo ahora a la venta con sus inquilinos dentro. Son familias que residen en esas casas pagando un alquiler social que pactaron con las entidades financieras a las que no podían abonar la hipoteca y que ahora «ignoran qué va a ser de ellas».
Las inmobiliarias ya están anunciándolos en sus plataformas web, como es el caso de Casaktua, vinculada al fondo Intrum. Y las ofertas no engañan a nadie, describen a la perfección los inmuebles de los que se quieren desprender. Por poner un ejemplo: en la Barriada de San Cristóbal se vende un piso de 52 metros cuadrados, dos habitaciones y baño por 49.700 euros. Pues bien, la publicidad advierte de que «se transmite arrendado a un tercero y con un posible derecho de éste a la adquisición preferente de la vivienda». También avisa de que el vendedor «no responde ni de la solvencia del arrendamiento ni de las condiciones del contrato en el que se subrogará el adquiriente». Además, alerta de que «el estado de ocupación impide la visita de los técnicos para su tasación». Y por último deja claro que su compra no podrá financiarse con una hipoteca.
Ese es un caso, la misma inmobiliaria oferta otros pisos en estas mismas condiciones. Y hay más, «decenas, y podría haber unos 300 casos en Burgos». Lo comenta Julia Braceras, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Y es que Cerverus, Blakstone y el propio Intrum adquirieron muchas viviendas en esa situación, a cuyos inquilinos se les termina ahora el contrato de alquiler social que acordaron con su banco. Para renovarlo, su interlocutor ya no es la entidad financiera sino los fondos de inversión, que «o bien se desprenden de los inmuebles o bien aumentan la renta a sus ocupantes, muchos de los cuales no las pueden asumir y se marchan».
Braceras entiende que «se suba el alquiler a quienes su situación económica haya cambiado a mejor, pero los fondos no diferencian». Las casas que ofertan no están dirigidas a particulares, «más bien a pequeñas empresas que las adquieren en pequeños paquetes». Son estas sociedades limitadas las que luego han de negociar con el inquilino el nuevo contrato del alquiler. «Si se ponen de acuerdo, no hay problema, pero lo probable es que la familia salga de esa casa por no poder pagar lo que su nuevo casero le reclama», explica Braceras.
(Más información, en la edición de papel de este viernes de Diario de Burgos)