Castilla y León intensifica las ayudas a las familias para el pago de las hipotecas con un incremento del montante y más umbrales de renta. El reto que se marca la Administración autonómica es llegar a mil familias con unos ingresos de hasta 35.000 euros a finales de este año. Para ello, tal y como avanzó ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se movilizarán seis millones de euros y se elevará la ayuda máxima por hogar hasta los 4.035 euros. Estas son las líneas maestras que sostienen el decreto-ley firmado por el máximo responsable autonómico y que aprobará hoy en el Consejo de Gobierno, de acuerdo a lo explicado por Fernández Mañueco ante miembros de las organizaciones del Tercer Sector de Castilla y León.

De esta forma, el Ejecutivo regional aumenta el umbral máximo para poder acceder a esta ayuda –creada en 2018– hasta cuatro veces el IPREM (6.948,24 euros anual) para que se puedan beneficiar más familias «agobiadas» por el aumento de los precios, la inflación y de los tipos de interés.

Con esto, la Junta abre la puerta a que todas las familias con ingresos inferiores a 35.262 euros anuales para un hogar de cuatro miembros –hasta ahora el máximo era de 13.780 euros– se puedan beneficiar de esta subvención, que, de forma paralela, se incrementa en un 16 por ciento el máximo, que podrá llegar a los 4.035 euros anuales. 

Un refuerzo de esta ayuda social que tendrá su consiguiente traslación a la partida presupuestaria que pone sobre la mesa la Junta. La línea pasará de los 2,5 millones de euros actuales a los seis que habilitará el Ejecutivo regional. Una cantidad que se podrá aumentar en función de las necesidades, tal y como precisó el presidente. «Se trata de llegar a las rentas medias que están pasando dificultades, para lo que estas ayudas ya existentes ahora superan su presupuesto en más del doble», resumió Fernández Mañueco.

Destacó igualmente que las 1.000 familias que se podrán acoger a las ayudas a finales de 2022 –no tienen carácter retroactivo– suponen el doble que con la anterior norma, y aseguró que una vez que los posibles beneficiarios presenten la solicitud la resolución se producirá en el plazo de un mes. Se quiere realizar una tramitación «ágil, sencilla y rápida», manifestó el presidente, que recordó que su Gobierno se ha anticipado a la crisis y la primera medida que acordó, nada más tomar posesión en el pasado mes de abril, fue el plan anticrisis.

«Es una buena medida», apostilló, y reiteró el compromiso de su Gobierno con las políticas sociales. «Sabemos lo que hay que hacer, tenemos las ideas claras».

Trabajo impagable

El anuncio de la mejora de las ayudas autonómicas al pago de la hipoteca se realizó frente a los representantes del Tercer Sector que, como explicó el presidente, se encargarán de difundir la medida entre las personas y familias más vulnerables a las que atienden, además de los CEAS y el teléfono 012. Aprovechó el mandatario regional su presencia para agradecer a estas asociaciones su «trabajo impagable en el día a día», y reconoció que son «aliados en estos momentos de dificultades». «La colaboración del Gobierno de Castilla y León con el Tercer Sector es imprescindible», aseveró.

Por otro lado, avanzó que las ayudas que reciben las organizaciones del Tercer Sector se van a incrementar en un 10 por ciento en 2023 y se anticipa su cobro a 1 de enero del próximo año. A ello, unió que la Junta complementará con dinero propio la aportación con cargo al IRPF. Fernández Mañueco recordó, además, que la Junta ha ampliado el bono de urgencia social y un 15 por ciento la renta garantizada de ciudadanía y se han reforzado las ayudas de emergencia. «Ahora se da un paso más». En Castilla y León, la Junta ayuda a las familias con problemas a pagar su hipoteca con una prestación frente a situaciones de deuda hipotecaria, creada por ley en 2018.