Dentro de dos días, el miércoles 20, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores, lo mismo que ocurre en el exterior desde hace semanas. El Consejo de Ministros analizará y aprobará este martes un Real Decreto que establecerá los pormenores del fin de esta medida sanitaria personal que ha marcado la pandemia y serán las propias empresas (responsables últimos de la salud de sus trabajadores) las que anuncien a sus plantillas cómo aplicar esta nueva legislación.

A la espera de lo que determine este texto legal, el debate en Burgos sobre la conveniencia o no de esta medida parece abierto: unas empresas abogan por mantener las caras cubiertas "por un tiempo" en los centros de trabajo que no tengan la ventilación ni las distancias suficientes entre los trabajadores (lo que incluiría a muchas oficinas y comercios), mientras que otras preparan su eliminación desde que el Real Decreto se publique en el BOE, este miércoles.

Entre los reticentes a la supresión imperan las ideas de que aún no ha desaparecido la pandemia (como se está viendo en China, el foco de origen de la misma), de que todavía se registran bajas por contagios entre las plantillas y de que aún persiste el temor a que un nuevo brote, tal y como ocurrió hace poco, en diciembre y enero pasados, lo que diezmó a unos buena parte de los trabajadores.

Frente a estos, en buena parte de la industria burgalesa, en los polígonos, en las líneas de producción, los comités de salud laboral ya están planificando el fin de la mascarilla, aunque se recomendará su uso (¿de forma voluntaria u obligatoria?) en zonas cerradas como comedores, áreas de descanso o los transportes colectivos de las propias empresas.

A fecha de hoy, las únicas excepciones claras las ha adelantado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien a principios de abril apuntó que las mascarillas se mantendrán en los centros asistenciales, "tanto para trabajadores como para visitantes y para las personas ingresadas cuando estén compartiendo espacios comunes fuera de su habitación".

Asimismo, seguirán siendo obligatorias en centros sociosanitarios, para los trabajadores y visitantes en zonas compartidas; y en los medios de transporte.

La ministra aconsejó también un "uso razonable" (?) de la mascarilla en interiores para la población vulnerable y otros ámbitos como espacios cerrados al público.

Sin criterio claro

Ni la patronal ni los sindicatos han realizado un pronunciamiento claro sobre esta materia, alegando en todos los casos que no conocen el contenido del Real Decreto que entrará en vigor el día 20.

Desde la parte empresarial y también desde las empresas de prevención de riesgos laborales se critica el "vacío legal" generado tras el anuncio a principios de mes, pues afecta a un tema crítico para las empresas (la salud de los trabajadores), aunque de manera muy desigual dependiendo del tipo, forma de trabajar, tamaño, espacios, entre otras características.

El consultor en recursos humanos Roberto Romano asegura desde su experiencia en Burgos que la mayoría de las empresas abogarán por la supresión. "En mi opinión, se va a aplicar la norma, no veo interés por forzar el mantenimiento. Estamos ante un debate ficticio", subraya.

Los comités de salud laboral de las industrias burgalesas, según explica Juan Ignacio Ruiz, secretario de Industria de CCOO, siguen por este mismo camino, "aunque recomienden cubrirse la cara en aquellos espacios en los que haya una cercanía entre personas". Es más, añade, algunas industrias están estudiando la retirada de los controles de temperatura y los geles en los accesos "porque entienden que ya no tienen efecto".

Así, el fin de la mascarilla será "generalizado" en las cadenas de producción pero hay muchas más dudas en las oficinas, en los pequeños comercios y en todos aquellos centros de trabajo cerrados. Hay quien apunta a progresiva desaparición hasta el verano siempre y cuando la pandemia remita en su totalidad.

Actualmente, en la provincia de Burgos se registra una media de un millar de nuevos contagios a la semana, cifra muy alejada de los peores momentos de la sexta y, por ahora, última ola.

Responsabilidad 

Desde la Asociación Empresarial de Servicios de Prevención Ajeno (Aespabur) tampoco hay un criterio definido a la espera del Real Decreto. "Es importante tener en cuenta las condiciones laborales de cada empresa, sus instalaciones, las distancias y si hay trabajadores vulnerables. El último responsable de las medidas de prevención es el empresario", explica Fernando López, presidente de Aespabur.

Su compañero en Prevencontrol, Pablo Montero, insiste en la idea de la falta de un referente legal para aplicar esta eliminación en el seno de las empresas. "Creo que no estamos ante un tema de salud laboral sino de salud pública, aunque parece que se esta dejando a las empresas la última decisión".

"Por seguridad de los trabajadores, es recomendable que antes de cualquier decisión se analicen primero medidas colectivas y organizativas para prevenir los contagios como la ventilación, la separación entre puestos de trabajo o la rotación de personal". Montero cree que establecer el uso de la mascarilla como un EPI más en el trabajo "debería ser la última medida a implementar".