La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos acordó hoy, por unanimidad de todos los sindicatos presentes (CSIF, UGT, CCOO y TISCyL), la norma que regulará la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, con efectos desde el 1 de junio de 2023, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y de sus Organismos Autónomos, para todo el personal (funcionario, laboral, estatutario y docente) y todos los sectores de la Administración Autonómica. En el sector docente, la efectividad será para el curso 2023/2024. 

Previamente a la reunión de la Mesa de Negociación celebrada hoy, ya se había negociado, esta misma semana, en las respectivas Mesas Sectoriales de Negociación la implantación de esta medida. En estas Mesas Sectoriales (Sanidad, Educación y Administración General) se aprobó, para cada uno de los sectores, la propuesta de implantación de la jornada presentada por la Administración.

El consejero de la Presidencia, en declaraciones posteriores a la reunión de la Mesa General, manifestó su "agradecimiento a las organizaciones sindicales presentes en esta mesa de negociación por su trabajo y su apoyo a la norma que establece la jornada de 35 horas semanales en la Administración Autonómica, lo que supone, además, dar cumplimiento a un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en base a una fuerte apuesta por el empleo y los servicios públicos". Y recordó que con ello se cumple el acuerdo que suscribió esta Administración en 2019 con CSIF, UGT y CCOO para la recuperación de dicha jornada laboral.

Asimismo, el pasado 27 de febrero, el consejero de la Presidencia mantuvo una reunión con representantes de CSIF, UGT, CCOO y TISCyL para comunicarles que la Junta de Castilla y León quería implantar la jornada de 35 horas semanales a partir del 1 de junio de 2023, y que por lo tanto se iniciaría la negociación con dichas organizaciones sindicales para cumplir dicho objetivo.

Con este acuerdo la Junta de Castilla y León da respuesta a una de las demandas de los empleados públicos, que supondrá la recuperación de la jornada que estaba en vigor desde 2003 y que por la crisis económica en 2013 fue modificada a 37,5 horas semanales.

Para hacer efectiva esta medida la Junta de Castilla y León aprobará en los próximos días un Decreto-ley que regula esta jornada y su implantación.