El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió por carta hoy al jefe del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, que el Gobierno de España "se reserva la posibilidad de actuar en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente en materia de salud sexual y reproductiva si en algún momento llegase a materializarse por cualquier vía el anuncio de la Junta de Castilla y León" en relación a las "medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias".
Sánchez confía en la misiva, recogida por Ical, en que esta "controversia haya quedado resuelta asegurando la plena vigencia de los derechos y la autonomía de las mujeres" y garantiza la "plena disposición" del Gobierno de España para trabajar conjuntamente en beneficio de la ciudadanía de Castilla y León.
Pedro Sánchez remitió un escrito a Mañueco en respuesta su misiva del pasado 17 de enero para hacerle llegar, afirma el presidente, "diversas reflexiones políticas" en torno a la decisión del Gobierno de España de requerirle formalmente que "se abstuviese de adoptar o que dejara inmediatamente sin efecto aquellas medidas que limitasen el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla y León".
El máximo responsable del Gobierno reconoce que de la respuesta que recibió de Mañueco así como de sus declaraciones públicas se desprende "el acatamiento de los requerimientos", lo que le agradece "sinceramente no solo en lo que respecta al cumplimiento de la legalidad, sino sobre todo por la tranquilidad que esto proporciona a las mujeres que residen en Castilla y León al ver que se rectifica una decisión que ponía en peligro sus derechos y cuestionaba la madurez y autonomía de sus decisiones".
Una reflexión política
El presidente del Gobierno aprovecha la carta para trasladar a Mañueco una "reflexión política" y le explica que España es hoy uno de los países "de referencia" en materia de igualdad de género, gracias a la normativa aprobada "para remover las dificultades que impiden a las mujeres desarrollar con autonomía su proyecto vital, también en lo que se refiere a su decisión sobre si continuar o no con su embarazo".
Un marco legal, sostiene Sánchez, que cuenta con un "amplio respaldo social y parlamentario". Asevera que actualmente, las Cortes Generales están debatiendo su "refuerzo y ampliación" y hace menos de un año "penalizaron el acoso y las coacciones a las mujeres a las puertas de los centros sanitarios". "Si el acoso y las coacciones son inadmisibles a la entrada de dichos centros, mucho menos pueden darse, por mandato legal o indicación administrativa, dentro de los mismos".
El presidente del Gobierno también pone de relieve que la Constitución incluye entre los "valores superiores" del ordenamiento jurídico, la igualdad y la libertad y reconoce como derechos fundamentales la dignidad de las personas y la igualdad entre mujeres y hombres. Además, agrega que acuerdos internacionales como el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, que España ha ratificado, establecen como objetivos la lucha contra la violencia psicológica o las coacciones.
En este sentido, sentencia que "esto no es una mera formulación retórica, sino un mandato político y ético para quienes ejercemos responsabilidades públicas". "Cualquier instrumento o estrategia para el ejercicio del poder, ya sea la potestad legislativa y reglamentaria, la autonomía territorial, las relaciones entre administraciones o la firma y desarrollo de un acuerdo político deben estar guiados por estos principios y contribuir a desarrollarlos. En ningún caso cabe anularlos, rebajarlos o condicionarlos apelando a circunstancias o mayorías políticas coyunturales", argumenta.
Relato de Sánchez
Sánchez también hace un relato de los hechos. Recuerda que los requerimientos de la ministra de Sanidad y del Consejo de Ministros se produjeron como consecuencia de la rueda de prensa del vicepresidente y del portavoz del Gobierno autonómico y del comunicado de prensa oficial de la Junta de Castilla y León del 12 de enero. Indica que en esa comparecencia se anunciaban "medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias". Entre dichas medidas se incluía "la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre". Sostiene que estas medidas, de acuerdo con las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, "serían obligatorias para los profesionales sanitarios".
Pedro Sánchez expone que en el comunicado que dio origen a este "conflicto, y que sigue expuesto en la web institucional de la Junta de Castilla y León", se afirma que estas medidas que "condicionaban la autonomía de las mujeres" eran consecuencia del acuerdo de gobierno suscrito entre diferentes fuerzas políticas. Posteriormente, incide Sánchez, su Gobierno "justificó dichas medidas en el ejercicio de su autonomía política y rechazó la intervención del Gobierno de España apelando a la lealtad institucional".
En este sentido, asume que en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León adoptado el 19 de enero responde al requerimiento del Consejo de Ministros, donde se indica que "no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado" y que "tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario ni por escrito ni verbalmente".