El Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Burgos acaba de dar una importante alegría a Aguas de Burgos. El proceso judicial más relevante al que se ha enfrentado la Sociedad Municipal en los últimos años, al menos en términos cuantitativos, se ha resuelto con la desestimación íntegra de la demanda que el gigante FCC Aqualia había interpuesto para exigir el abono de alrededor de 4 millones de euros en «daños y perjuicios» por los costes extraordinarios que tuvo que soportar durante el periodo que gestionó la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Villalonquéjar (desde septiembre de 2017 hasta bien entrado 2022).

Aqualia denunció en el Juzgado que Aguas le entregó la planta «con unas características distintas a las pactadas» en el pliego y de manera particular hizo hincapié en que no se obtenían los resultados que se les prometía con la llamada hidrólisis térmica, una nueva tecnología que se incorporó a la EDAR y cuyo objetivo era producir fangos esterilizados y reducir la gestión de los mismos al disminuir su producción.

Defendió también la compañía que Aguas no había realizado las reparaciones necesarias y cuantificó que se encontraron hasta 183 deficiencias, siendo la de la hidrólisis la que más daño económico les generó. Eso sí, también cifraron, por este motivo y por otros, gastos que entienden que no tenían que haber asumido relacionados con el incremento del consumo eléctrico, de agua, fruto de la presencia de fugas en la red...

Aqualia cifraba en 3 millones de euros los daños sufridos entre 2017 y 2021, cantidad a la que había que sumar alrededor de otro millón más ya que la compañía fue obligada a continuar con el contrato de mantenimiento, conservación y explotación de la estación depuradora hasta que Aguas de Burgos lo adjudicara a otra empresa (a mediados del año pasado Acciona ganó el nuevo concurso).

En la sentencia, la magistrada defiende que «no se pueden entrar a cuestionar las distintas deficiencias alegadas» ya que, por un lado, «no existe previsión contractual que así lo ampare» y por otra parte, «porque las instalaciones estuvieron a su disposición (de Aqualia)» tanto «para hacer la propuesta» en el concurso que ganó en 2017 como «con posterioridad, tras la recepción, asumiendo la entidad actora las instalaciones con todos sus elementos».

Si bien no se niega que «efectivamente, hubo problemas durante la vigencia del contrato, hecho que no puede negarse», también se recuerda que es «absolutamente normal en la entrega de cualquier instalación» (acababan de terminar las obras de ampliación). Pero es que cuestiones como «el aumento del consumo eléctrico o de agua son reclamaciones que no pueden imputarse a la Sociedad Municipal entendiendo que todas estas incidencias deberían de haberse previsto y resuelto por la propia adjudicataria».

Apunta, además, que «no debemos olvidar» que la propia compañía «señaló en sede judicial que era su primera explotación con el procedimiento de la hidrólisis. Hecho novedoso y que, como se ha visto, generó problemas y sobrecostos».

Aqualia tiene 20 días de plazo, desde la notificación del fallo, para presentar recurso de apelación.