"Dada la gravedad del tema, que en los últimos años no ha pasado nada tan grave como esto, que es una decisión irreversible, queremos solicitar un informe de la Junta de Castilla y León para que nos asesore sobre posibles soluciones". Con este argumento, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Aranda, Mar Alcalde, proponía dejar para debatir más adelante el punto del orden del día del pleno extraordinario que se celebraba ayer, y que era el que había motivado esta convocatoria fuera de las citas mensuales en el Consistorio de la capital ribereña: la marcha atrás en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) dejando sin validez su aprobación inicial, que se realizaba hace cinco años.
Una postura a la que, a continuación, se sumaban también los dos concejales de Vox y el par de ediles con que cuenta Podemos en el plenario arandino. Después de una disparidad de opiniones entre la alcaldesa y el portavoz de Vox, que pedía la palabra mientras que la primer edil argumentaba que no había lugar al debate, Vicente Holgueras pudo expresar sus motivaciones para pedir que el punto no se elevase a votación, basándose en "que el informe no habla de los costes sobreañadidos que pueda suponer la nueva tramitación del PGOU, ni de los plazos sobre los que no hay datos objetivos ni datos concretos, ni de la responsabilidad patrimonial en la que podría incurrir el Ayuntamiento con motivo de las demandas que se podrían plantear por retrotraer este asunto".
Un intercambio similar se produjo a continuación, cuando el portavoz de Podemos, Andrés Gonzalo, también pedía la palabra para argumentar los motivos de su grupo para no debatir este paso atrás en la tramitación del PGOU, a lo que la alcaldesa tuvo que acceder. "Creemos que puede haber un fraude de ley porque las alegaciones, que serían nulas, al anular el acuerdo de aprobación inicial, se incluyen en el documento con el que se quiere continuar el procedimiento", exponía Gonzalo, "además de otros motivos que ya han dicho antes mis compañeros".
La alcaldesa solicitaba la intervención de la secretaria general del Ayuntamiento para que aclarase las dudas que se estaban planteando en el pleno. Ante todos los ediles, Ana Isabel Rilova se ratificaba en el contenido de los informes emitidos por los servicios jurídicos municipales. "Si no se revoca, supone que el PGOU tiene que seguir tramitándose, pero si sigue adelante y se aprueba provisionalmente, se informaría de manera desfavorable por esta secretaría general puesto que existen más que indicios fundados de que pudiéramos estar incurriendo en causa de nulidad de pleno derecho a la tramitación. Ustedes mismos se están lanzando a un callejón sin salida, no se lo puedo explicar más claro", recalcaba contundente. Unas apreciaciones que despertaron las críticas del edil socialista Ildefonso Sanz, que acusaba a la secretaria general de estar haciendo política.
Tras este intercambio de posturas políticas y legales, la alcaldesa planteaba, no sin retranca, "no sé si la propuesta de dejarlo sobre la mesa hay que votarla tres veces o con una basta", y se aprobaba dejar sobre la mesa la revocación del PGOU con los votos de PSOE, Vox y Podemos, con lo que sumaban 11 votos, además de la abstención del edil de IU, y los nueve votos a favor del equipo de gobierno (PP y Cs).
Además, en este pleno extraordinario se aprobaba la adhesión al acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica con la central de compras de la Diputación provincial de Burgos, por un periodo de cuatro años, con los votos contrarios de PSOE e IU y la abstención de Podemos, ya que la oposición no encontraba beneficios a esta adhesión cuando ni Burgos ni Miranda de Ebro la han realizado. Por último, y por unanimidad, se daba luz verde a un convenio con la empresa Gerardo de la Calle para mejorar los caminos públicos que hay entorno a la ampliación de la planta de Artepref.