Respondiendo a motivos medioambientales, sostenibilidad de los suelos y razones de calidad y seguridad alimentaria, Bruselas daba luz verde en 2020 a su estrategia 'De la granja a la mesa' por la que, a medio plazo, se debería reducir en un 50% el uso de productos fito y zoosanitarios y en un 20% el empleo de fertilizantes minerales. Desde diferentes instituciones -incluidas algunas comunitarias- se consideró que estas exigencias iban a reducir la oferta alimentaria de la UE entre un 20% y un 30% y, en consecuencia, provocar una mayor dependencia exterior.

En la misma línea normativa, la Comisión anunciaba también para finales de 2023 una revisión de toda la legislación sobre bienestar animal referida a los sectores de huevos, pollos, porcino y vacuno. Esta nueva legislación afectaría a los animales desde su nacimiento y crianza en las granjas hasta el sacrificio, pasando por el transporte; se trata de una política que se ampliará igualmente a otros sectores ganaderos.

Hoy, tres años más tarde, en el marco comunitario ya se conoce el contenido de los avances sobre las exigencias que emanarán oficialmente de ese organismo en materia de bienestar animal, lo que ha causado una gran preocupación en todos los sectores afectados. Los ganaderos entienden que pone en peligro la viabilidad de la actividad porque implica mayores costes, hace necesarias más inversiones para adaptar granjas y traerá un recorte en las producciones.

A la espera de la publicación oficial de esas exigencias comunitarias, en España el Ministerio de Agricultura ya aprobó una disposición en ese sentido en las últimas fechas. En esta nueva norma, al margen de medidas o mecanismos para el control de la actividad de las granjas sobre bienestar animal, ya se marcan exigencias en lo que se refiere a superficies y número de animales por metro cuadrado en sectores como porcino o terneros, que se estima van a suponer más costes y menor producción.

Uno de los retos de la Política Agraria Común se concretaba en ofrecer a los consumidores una oferta alimentaria suficiente en volumen y calidad a unos precios asequibles. En el caso de las carnes -al margen del avance de los consumidores veganos, vegetarianos o flexitarianos por ideología, por la defensa del medio ambiente, por objeciones de conciencia, por estar contra el uso excesivo de agua o recursos naturales o por estar contra la crueldad de los sacrificios- la realidad es que en la UE domina la demanda de carne en el consumo. Ello supone que para cumplir con ese objetivo de oferta alimentaria abundante, segura y a unos precios accesibles se haya impuesto un modelo de explotación más intensivo, con más estabulaciones, más eficiente y con una gran capacidad para la transformación de pienso en carne, pero que también crea dudas sobre el cumplimiento de los estándares básicos sobre bienestar animal (dando por descartado el puro maltrato, obviamente).

Hoy, en los criterios comunitarios sobre bienestar animal que entrarán en vigor en 2027, pero que se comenzarán a debatir desde finales de este año, Bruselas se plantea la eliminación total de las jaulas, mayor espacio por animal estabulado y más presencia de animales en el exterior de las granjas, además de otras cuestiones añadidas como la formación de los trabajadores. En realidad nada nuevo sino, más bien, un paso más en un viejo y actual debate sobre la llamada sostenibilidad, las prácticas medioambientales, el bienestar animal, pero que a la postre pueden implicar modelos de producción que desemboquen en un menor autoabastecimiento y más dependencia exterior.

Por sectores.

En avicultura de puesta, las 1.500 explotaciones existentes ya sufrieron en 2012 una primera reforma para el cambio de sus jaulas por otras más espaciosas y con más «servicios» para la gallinas: zonas de descanso, albergadero, arena, sistema para afilar las uñas, etc. Esto supuso una inversión de 600 millones de euros. Actualmente el 73% de un censo de 47 millones de gallinas vive en jaula y produce 1.200 millones de docenas; además, un 16% son de suelo, un 9% campo y solo un 2% se crían en modelo ecológico.

Las nueva exigencias para la explotación de los animales en libertad, según los datos manejados por Mar Fernández, directora de la patronal Aseprhu (productores de huevos), supondrán un incremento de costes  de un 18% solo por el mayor coste en alimentación al tener una mayor movilidad y actividad los animales, si bien estima que lo más importante será la necesidad de nuevas inversiones para aumentar la superficie de la explotación respondiendo las granjas a las nueva exigencias de espacios. Con todo ello entiende que lo más duro será lograr los permisos correspondientes para esas ampliaciones. En este contexto se teme que muchos granjeros opten simplemente por cerrar si tienen ya una cierta edad y no disponen de un relevo generacional.

En avicultura de carne, desde el sector se estima que las futuras nuevas medidas supondrían una reducción del 70% en el número de kilos de pollo vivo por metro cuadrado y año, pasando de 39 a unos 11 kilos. En conjunto rechazan en la exigencia global de ir a una mayor extensificación y a una crianza lenta. Aseguran que pasar de 42 a 80 días para la obtención de un pollo implicaría un fuerte incremento en los costes. Aún así, en esa dirección se plantea una apuesta por una raza de pollo broiler de la variedad 'hubbard' por su crecimiento más lento.

En el caso del porcino, al margen de las nuevas exigencias que en su día vengan de Bruselas, de entrada el sector ya tiene sobre sus espaldas el reciente real decreto sobre bienestar animal que globalmente supone la necesidad de aumentar en un 12% sus espacios para tener el mismo número de animales.

Este nuevo escenario de gastos se suma a los sufridos por la actividad simplemente por la eliminación de residuos y de subproductos, que se elevan a entre dos y tres euros por cada 100 kilos de peso de los animales criados, cifra que se duplicará por el sobrecoste que supondrá la aplicación de las medidas previstas sobre bienestar animal en materia de espacio por unidad en las actuales instalaciones; esa inversión se cifra en unos 160 millones de euros que irán por cuenta de explotación. Ante ese escenario de tener que aumentar la superficie en un 12% con un censo de más de 16 millones de plazas de engorde, desde la sectorial Anprogapor se estima que ello supondría crear más de 1.600.000 nuevas plazas a razón de un coste por unidad de entre 250 y 300 euros, lo que supone la necesidad de invertir unos 480 millones para mantener los niveles de censos y de producción.

En vacuno de carne se estima un impacto más reducido en el caso de los cebaderos. Preocupa, como en los demás sectores, el incremento de los costes en granja, pero, sobre todo, los relacionados con el transporte de animales, número de unidades, horas de viaje, descansos, etc. Se debe tener en cuenta que anualmente se importan unos 600.000 animales y se exportan más de 150.000, especialmente a los países del norte de África y Medio Oriente

Desde la perspectiva de los consumidores, con las nuevas exigencias sobre bienestar animal previsiblemente habrá precios más altos, siempre que se cumpla lo previsto en la Ley de la Cadena. Y desde la parte de los mercados se espera una pérdida de competitividad frente a terceros, menos exportaciones y más importaciones de productos inicialmente más baratos, seguramente sin haber cumplido desde la cría al sacrificio las exigencias sobre bienestar animal que se pide a los productores comunitarios. Nada nuevo sobre esta y otras nuevas políticas que salen desde los despachos de cristales tintados de Bruselas que impiden ver la calle.