Para incentivar tanto a las pequeñas y medianas empresas como a las grandes del sector industrial en su transición ecológica, con el objetivo de que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, la Junta de Castilla y León mantiene abierta una línea de ayudas sustentada con fondos europeos. Pero ojo que tiene fecha de caducidad.
El programa de subvenciones se abrió en febrero de 2020, justo a las puertas de la pandemia, y su finalización está estipulada para junio de 2023. Las potenciales interesadas tienen por tanto 14 meses por delante para sumarse al tren de la eficiencia energética.
Las actuaciones subvencionables tendrán que ejecutarse siempre dentro del territorio de Castilla y León, con independencia de dónde tenga su domicilio social la empresa. Entran por ejemplo las mejoras de la tecnología en equipos y procesos industriales, así como "las inversiones en sustitución de equipos, instalaciones o sistemas auxiliares consumidores de energía por otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética o la mejor tecnología disponible con objeto de reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono", tal y como recoge la información oficial facilitada por la Dirección General de Energía y Minas. Se establece además que la cuantía del coste subvencionable deberá ser superior a 200.000 euros.
Además de esta línea de ayudas, existe otra dirigida a la implantación de sistemas de gestión energética, siempre con el objetivo de emitir menos y disminuir el gasto energético. En este caso el importe inicial de las actuaciones que opten a la contribución pública tiene que sobrepasar los 30.000 euros.
La cuantía máxima de subvención será de un millón de euros, y en el caso de concederse varias subvenciones a un mismo beneficiario el importe total no podrá superar los tres millones. Para calcularlo se establece o bien un tope del 30% de la inversión elegible, aunque en el caso de la mediana empresa el porcentaje puede ascender hasta el 40% y en la pequeña empresa al 50%.
Pueden solicitarlo tanto empresas que tengan la consideración de pymes como las de mayor tamaño que se dediquen a la producción, además de servicios energéticos, y un requisito será que la empresa solicitante debe contar con domicilio fiscal en España.
Todas las ayudas han de ser tramitadas de manera telemática mediante la correspondiente aplicación que proporciona la Junta de Castilla y León en su plataforma digital y el plazo máximo para emitir la resolución de concesión será de seis meses a contar desde el día de presentación de la solicitud, así que los últimos en recibir las ayudas lo harán a finales del próximo ejercicio 2023. Siempre siguiendo lo establecido en la normativa autonómica, "el plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de 24 meses desde la notificación de la concesión de la subvención, con tres meses para justificar la liquidación.
Pymes 'silenciosas'. En paralelo a estas ayudas, el Ente Regional de la Energía es uno de los ocho socios europeos del proyecto 'SME Power, impulsando un futuro bajo en carbono para pymes', que busca enfocarse en aquellas empresas no intensivas en energía, "las cuales representan una mayoría silenciosa que, en muchos casos, no es capaz de reconocer los beneficios de comprometerse con estos cambios energéticos". El proyecto, que también finaliza en 2023, tiene un presupuesto global de más de 1,5 millones de euros de los cuales Castilla y León aporta 173.690.