La obra pública se resiente por el alza de los precios de las materias primas, lo que ha llevado ya a que 89 licitaciones se hayan tenido que declararse desiertas, lo que deja en el aire una inversión superior a los 40 millones de euros, solo en la primera mitad del año. Por ello, todo indica que 2022 terminará con la cifra récord de 200 concursos fallidos en los que las constructoras no pugna por falta de rentabilidad. Las empresas han seguido este año, ya con una inflación por encima del diez por ciento, la senda que iniciaron el pasado ejercicio cuando 120 concursos quedaron sin adjudicarse, una cifra que contrasta con los 24 de 2019 y los 35 de 2018. Una realidad que evidencia que los cambios introducidos por el Gobierno en la revisión de los precios no han frenado, hasta el momento, esta tendencia.

Los últimos datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, consultados por Ical, indican que el 75 por ciento de los concursos declarados desiertos fueron firmados por las entidades locales de la Comunidad. Menor impacto tuvieron en las licitaciones de la Junta y del Gobierno de España, si bien por su presupuesto, el montante de este 25 por ciento supuso prácticamente la mitad de la inversión no ejecutada.

De los 89 obras que se quedaron desiertas, nueve correspondieron a la Administración Central; 13 a la autonómica, y 67 a la localidad, con datos cerrados a primeros de julio, los últimos disponibles en el sistema estadístico de la Cámara de Contratistas. En conjunto, suponen el 6,42 por ciento de las 1.387 actuaciones licitadas entre enero y junio.

Esto indica que el problema de los concursos anulados por no tener ofertantes va en crecimiento. Así al 6,42 por ciento registrado en el primer semestre de este 2022, contrasta con el 2,4 por ciento de 2021, así como el 0,75 por ciento de 2020 y el 0,96 por ciento de 2019. Esto, según el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, indica que se alcanzarán las 200 obras desiertas al finalizar el ejercicio. No obstante, el empresario aseguró que las constructoras no pueden quedarse sin cartera de obras, por lo que auguró que tendrán que aceptar proyectos a pesar de la subida de precios de las materias primas, que aseguró presentan una escalada constante. 

Sin ofertas

En total, según los datos que maneja la institución, siete obras del Estado, que suman una inversión de 13,73 millones, no recibieron ninguna oferta en la fase de licitación entre enero y junio. La misma suerte corrieron 13 de la Junta, que tenían un presupuesto de 6,89 millones, y 48 de las entidades locales, que suponían una inversión de 13,79 millones.

También se quedaron desiertas otras dos obras de la Administración Central por 3,52 millones, a pesar de que se presentaron licitadores al concurso público, mientras ningún contrato de la Junta se vio en estas circunstancias. Además, otras 19 de las entidades locales se tuvieron que anular, si bien su montante era de 2,15 millones.

En el último año y medio 209 obras se han quedado sin adjudicar, según el registro de la Cámara de Contratistas. De ellas, 15 pertenecen al Estado, 31 a la Administración Autonómica y 163 al ámbito local.

Revisiones

Enrique Pascual advierte de que algunas compañías están abandonando proyectos en ejecución, ante la imposibilidad de continuar con los trabajos. La Cámara de Contratistas, dijo, no cuenta con datos precisos sobre el número de obras que se están quedando paralizadas en Castilla y León, si bien su presidente afirma que le consta que un porcentaje importante se están viendo afectadas y añade que sus estimaciones le indican que superan las licitaciones desiertas, porque, recalcó, los precios de las materias primas siguen subiendo, sin que sea posible elevar los presupuestos firmados.

De hecho, el empresario denunció que el número de solicitudes de revisión de precios que han sido aceptadas es «muy bajo», fruto del Real Decreto dictado por el Gobierno para hacer frente al desequilibrio entre el importe de adjudicación y los precios de las materias primas. Además, criticó que no se haya pagado ninguna compensación a los contratistas de obras públicas.