A pesar de las continuas moratorias que ha acordado el Gobierno a los concursos de acreedores, la provincia de Burgos registró a lo largo del pasado 2020 una cifra de procedimientos muy similar a la de cursos anteriores. Si en 2018 y 2019 se tramitaron 27 y 33 concursos respectivamente, a lo largo del pasado curso la cifra se quedó en los 28, cinco menos que hace un año.
De todos ellos, 16 comprenden a compañías de menos de diez trabajadores, las conocidas como microempresas. Ampliando algo más el abanico de plantilla, el Instituto Nacional de Estadística asegura que entre diez y cincuenta empleados han sido seis las firmas burgalesas que han recurrido a la figura del concurso de acreedores. Finalmente, solo una mayor de medio centenar de trabajadores figura en las estadísticas del INE. A nivel nacional, el 58,9% de las empresas concursadas en el cuarto trimestre del 2020 tenía una plantilla inferior a los seis trabajadores y casi un tercio de ellas no tenía personas asalariadas en su equipo.
Por sectores, comercio y hostelería aglutinan uno de cada tres procedimientos. En total se anotaron 8 expedientes de concurso en empresas enclavadas dentro de estos mercados. El relacionado con la industria -con todas sus variantes- englobó hasta seis, mientras que el resto se reparte entre construcción, transporte... De nuevo tomando como referencia el conjunto del territorio nacional, los concursos de acreedores han afectado fundamentalmente a las mercantiles del comercio, que concentran hasta el 17,6% de los procesos concursales en España. Le acompañan en la cabeza la hostelería, que concentra el 14,2%; la construcción (11,2%) y la industria (11,2%).
Prórroga. Con el decreto del primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, y vistas las dificultades por las que iban a atravesar miles de empresas en todo el país como consecuencia del parón económico, el Gobierno decidió aprobar una moratoria concursal.¿El objetivo? Suspender la obligación que tienen las sociedades mercantiles que han entrado en insolvencia de solicitar, en un plazo máximo de dos meses, el concurso de acreedores.
Cuando la medida estaba a punto de decaer, el Ejecutivo acordó prorrogar los efectos hasta el próximo 31 de diciembre de 2021. Si bien para algunos negocios puede suponer todo un balón de oxígenos para tratar de reflotar su economía, algunos expertos apuntan que proseguir con la no obligación puede llegar a formar una bola de deuda que sea imposible de saldar. Sea como fuere, desde Moncloa espera que la inyección de fondos europeos o las ayudas que han puesto en marcha desde hace meses ayuden a muchas de estas empresas, en su mayoría de pequeño y mediano tamaño.