Las fundaciones públicas dependientes del Gobierno autonómico, como la fundación Anclaje, Serla o Castilla y León (antigua Villalar), se podrán extinguir o liquidar cuando la propia Junta de Castilla y León o las demás entidades del sector público autonómico asuman los fines fundacionales de estas instituciones, según se recoge en el borrador de Ley de Medidas tributarias, financieras y administrativas que aprobará el Consejo de Gobierno en las próximas semanas y al que ha tenido acceso la Agencia Ical. Este documento, conocido como ley de acompañamiento a los presupuestos, recoge, no obstante, que corresponderá acordar la extinción de estas fundaciones a su patronato y establece un régimen especial para la liquidación de ellas mismas que contempla la cesión e integración global de todo el activo y el pasivo en la Administración general de la Comunidad, «que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones». Además contempla que puedan devolverse a sus donantes los bienes aportados por entidades ajenas al sector público.
Un cambio que surge en un contexto en el que el viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva, tenía el encargo del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de estudiar la estructura del departamento y plantear una nueva organización que «aunara criterios de gestión moderna orientada a la máxima eficiencia con el ahorro y la eliminación del gasto superfluo». En este sentido, Villanueva presentó recientemente su propia dimisión, dado que, según él, su propia propuesta recoge la desaparición del área que dirigía en el organigrama de la Consejería, toda vez que sus funciones quedan absorbidas por la nueva estructura que plantea.
Sin concurrencia
El borrador, conocido por Ical, en el ámbito de las subvenciones públicas establece que las ayudas a la contratación de trabajadores en sectores económicos en crisis estén exentas de la libre concurrencia y se fija líneas de subvenciones para empresas que presenten expedientes de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada por causas técnicas, económicas, organizativas, de producción, por causa de fuerza mayor o por estar en procesos de crisis con el acuerdo de los trabajadores. Estas ayudas también se podrán conceder a los trabajadores afectados por ERTE.
También, se refuerza el papel de la intervención general de la Comunidad y de la Consejería de Hacienda en el control del gasto. Así, se obliga a los órganos gestores de los distintos programas del presupuesto a que realicen un balance de resultados y un informe sobre el cumplimiento de los objetivos fijados con la realización de ese gasto. Por último, también se acuerda la liberalización del mercado de las máquinas tragaperras, es decir, las máquinas de juego tipo B.