La yihad islámica se nutre de personas vulnerables. Jóvenes sin nada que perder a los que cualquier promesa de convertirse en héroes de su religión les seduce peligrosamente. Y las cárceles pueden ser un nicho donde reclutar efectivos para librar la guerra santa. El Estado Español lo sabe, por eso desde 2009 creó los Grupos de Control y Seguimiento de presos con riesgo de radicalización. Funcionarios de prisiones convertidos en espías. En el Centro Penitenciario de Burgos son dos los trabajadores que tienen esta labor encomendada. Con la extinción de la banda terrorista ETA y la ausencia de presos ligados a este grupo, en la actualidad están centrados en una treintena de internos.

Pese a que estos vigilantes llevan activos más de una década, no ha sido hasta bien poquito que Instituciones Penitenciarias ha incluido su figura en la Relación de Puestos de Trabajo. Y no todos. Solo la mitad de los funcionarios que tienen encomendada esta misión están reconocidos. Y en Burgos ocurre lo mismo, pues solo uno de los dos aparece en el catálogo, señalan desde el sindicato Acaip. 

Cuando surgieron estos grupos, la misión que tenían encomendada era doble. Tenían que poner el foco en presos etarras y en yihadistas. Para ser más exactos, pues no en todas las cárceles hay terroristas que promueven la yihad, en centros como el de Burgos tenían que estar muy pendientes de internos de origen musulmán. Y en especial, aquellos que tienen un riesgo de exclusión social. 

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