No ganan para sobresaltos las familias con la sucesión de crisis socioeconómicas sobrevenidas en los últimos años. Cuando parecía que las consecuencias directas de la pandemia ya eran cosa del pasado, la guerra de Ucrania, la carencia de materias primas y una inflación desbocada que alcanzó el 10,8% en el pasado mes de julio impactan de lleno en los bolsillos de los burgaleses. Tanto, que las facturas se dispararán en 2.000 euros en un 2023 recién estrenado.

Ni siquiera el descenso de este indicador hasta el 5,8, según los datos definitivos del mes de diciembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística, altera el clima de incertidumbre actual que acompañará a los consumidores en los próximos meses.

Esto ha provocado diferentes reacciones de las administraciones públicas, las cuales han apostado por una serie de actuaciones denominadas 'paquetes de medidas anticrisis' con el objetivo de reducir un duro golpe que eleva los precios de los alimentos por encima del 15%.

El elevado coste de la cesta de la compra encuentra ahora un freno temporal con la aprobación de la bajada del IVA durante seis meses para los alimentos básicos y la reducción del 10 al 5% de este impuesto para la pasta y el aceite. Este tipo de acciones, sin embargo, no cambian una perspectiva nada halagüeña. 

La amortiguación de las mencionadas políticas económicas no impedirá la subida de otras tarifas básicas en el día a día como la energía o la telefonía. Todo, mientras el alza de los tipos de interés ya repercute desde otoño en las hipotecas con dureza.

Las previsiones señalan que un préstamo de 150.000 euros a 30 años puede alcanzar un incremento de 1.500 euros al año para el consumidor, pendiente de la adaptación de los sueldos a esta escalada inflacionista que, parece, se ha instalado por un largo periodo de tiempo.

En el otro lado de la balanza,  el pasado 27 de diciembre se anunció la congelación hasta el 30 de junio de 2023 de aquellos contratos de alquiler que se renueven durante seis meses en una decisión parecida a las tomadas en su momento durante la pandemia. 

Mientras los convenios sectoriales tratan esta circunstancia, el Gobierno estudia la subida delsalario mínimo prevista para el nuevo año.Actualmente, este sueldo base está fijado en los 1.000 euros brutos divididos en 14 pagas y las nuevas propuestas se mueven en un incremento entre 46 y 82 euros al mes.

Las pensiones sí se adecuarán al IPC con el 8,5% previsto, mientras que los funcionarios tendrán una subida de hasta el 3,5%. Por su parte, los autónomos se regirán por elmodelo progresivo ideado hasta 2025 que establece una cuota mínima mensual de 230 euros (60 euros menos).

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