Una odontóloga colegiada en Burgos y la cadena dental Sonrisalud tendrán que indemnizar conjuntamente a una joven paciente de Aranda de Duero con casi 50.000 euros más los intereses legales por un tratamiento de ortodoncia que después de más de 3 años no solo no consiguió los resultados esperados sino que le causó «otros problemas que no existían con anterioridad» y que aún persisten.

La mujer concertó la primera cita el 25 de abril de 2014 con el objeto de «corregir la alineación incorrecta de los dientes y conseguir una correcta función masticatoria y mejoramiento estético», según consideran probados los tribunales. En 2017 y como consecuencia de la «mala praxis» sus dientes «se han movido y no encajan», ha sufrido una «gran pérdida ósea alrededor de las piezas dentales.... hasta el punto que se deben reponer con implantes» -actuación que se cubre con la indemnización- y tiene la mordida abierta.

La demanda interpuesta por el abogado Luis M. Tello Sáiz-Pardo fue estimada parcialmente por elJuzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero, que le reconoció una indemnización de 27.417,53 euros. Posteriormente, tras el recurso de la paciente, la Sección Tercera de la Audiencia amplió la cantidad hasta los 49.377,71 euros, más el interés legal.

En primer lugar, el juez remarca que en el documento de consentimiento informado que la clínica entregó a la joven «en ningún momento se refleja la posibilidad de fracaso de ese objetivo, ya que únicamente si indica que no es una ciencia exacta y no puede garantizarse un resultado especifico, pero nunca el fracaso del mismo como así ocurrió», detalla la resolución de primera instancia. Subraya, además, que «durante el tratamiento no se hicieron los controles radiográficos del estado de las raíces de los dientes ni tampoco se informó a (la demandante) de la detección de reabsorción radicular en varios dientes ni de los riesgos».

La doctora no realizó la primera radiografía hasta pasados más de 2 años, en vez de cada 6 meses, como recomiendan los peritos, y cuando lo hizo -en octubre de 2016- ya se detectaba en ella una afectación de las raíces y el ensanchamiento del espacio periodontal de varios dientes y muelas, sin que se modificara ni se interrumpiera el tratamiento.Tampoco se le informó a la paciente del problema.

«Del análisis de los medios de prueba se alcanza la conclusión de que la (odontóloga)es responsable de los perjuicios sufridos por la actora, porque el tratamiento no ha obtenido el resultado que el mismo profesional esperaba, causándose, además, otros problemas que no existían con anterioridad como la reabsorción radicular y la mordida abierta», concluye la resolución.

Tras el recurso posterior, la Audiencia le reconoce otros 18.000 euros por «la evidente molestia» que le supuso llevar unos ‘brackets’ «durante más tiempo del que hubiera sido necesario, y otros 3.960 por problemas en otras piezas dentales, además de las 4 que necesitan ser reemplazadas.