A punto de cumplirse un mes desde la sentencia del Tribunal Supremo en el denominado caso Arandina, este proceso judicial que comenzó en 2017 aún no ha concluido porque no se ha ejecutado la decisión del Alto Tribunal. Las defensas de los dos condenados, Raúl Cuadrado y Víctor Rodríguez, presentaron un recurso de nulidad para que se suspendiera el proceso, que ha sido desestimado, lo que permitiría continuar con el procedimiento judicial.

Sin embargo, las acusaciones tanto particular como popular en este proceso no han podido solicitar aún que se ejecute la sentencia y, por lo tanto, que entren en prisión los dos condenados. «El Supremo se lo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia, que es donde se presentó el recurso para que se suspendiera la ejecución y no se enviaran los autos a la Audiencia Provincial, pero como los letrados de la Administración de Justicia están en huelga no lo recibirán y, hasta que no lo reciban ahí está», explica el abogado de la Asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, el momento en el que se encuentra el procedimiento y el motivo por el que, considera el representante de la acusación popular, está atascado este caso.

Es la Audiencia Provincial el órgano competente para ejecutar la sentencia, ya que las otras dos instancias judiciales superiores por las que ha pasado este asunto se centran en la resolución de recursos. «El letrado de la Administración de Justicia tiene que notificar aún que se han recibido los autos, es a eso a lo que esperamos», insiste Calvo, que estima que en una semana podría desatascarse esta situación para poder continuar con el procedimiento habitual en estos casos. «En unos días podremos solicitar la ejecución de la sentencia, nos pondremos en contacto con la acusación particular, porque siempre hemos ido parejos», avanza el abogado de Clara Campoamor los próximos pasos a cumplir.

El Tribunal Supremo elevó a 9 años y un día de cárcel la pena contra Raúl Cuadrado y Víctor Rodríguez por agredir sexualmente a una menor de 16 años en noviembre de 2017, que el TSJCyL había fijado en 4 y 3 años, respectivamente; y mantuvo la absolución de Raúl Calvo.