Diez años después del anuncio del cese de la actividad de ETA, la organización criminal vuelve a estar en el foco de la actualidad. De hecho, ayer se convirtió en el centro de la polémica en el Senado, donde Ciudadanos presentó una iniciativa que instaba al Gobierno a tomar medidas para prohibir los homenajes a antiguos miembros de ETA en el País Vasco y Navarra, así como el cese de los delegados del Ejecutivo en estas comunidades autónomas en caso de permitir la celebración de estos actos. El texto, así como uno similar del PP que pedía al Ejecutivo prohibir cualquier homenaje a una persona condenada por delitos de terrorismo, fue rechazado por la mayoría de la Cámara Alta.
Entre los votos en contra se contabilizaron los de los senadores socialistas, que recordaron, para justificar su postura, que los ongis etorris han sido avalados por los tribunales en virtud del derecho constitucional de reunión. Además, el parlamentario socialista Antonio Magdaleno, que fue quien detalló la postura de su grupo, remarcó que aunque las delegaciones del Gobierno del País Vasco y Navarra prohibiesen estos actos, la decisión sería estudiada posteriormente por los tribunales.
No obstante, el senador socialista señaló que cuando se producen estos eventos de reconocimiento a etarras, las Fuerzas de Seguridad trasladan información a la Fiscalía para que decida si los asistentes han incurrido un delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas.
Además, Magdaleno censuró la actitud de los partidos que promovieron las iniciativas porque, a su juicio, intentar «engañar a los ciudadanos y ensuciar con falsedades el nombre del delegado del Gobierno en Navarra y País Vasco». «Los socialistas nunca hemos utilizado el terrorismo cuando ETA existía, y nunca lo utilizaremos una vez que ha sido derrotado, remarcó.
Mirando a Europa
Los ongi etorri también han llegado a la otra Cámara del poder legislativo, el Congreso. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo subraya que supedita la anunciada reforma legal para sancionar por la vía administrativa los homenajes a los miembros de la banda arma a la conclusión del debate abierto en la UE sobre la «perspectiva de los derechos humanos», ya que actuar contra estos actos públicos «puede colisionar con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión».
Actualmente, recuerda el Gabinete central, se debate en Bruselas sobre la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo, ya que «una de las cuestiones que se está examinando es, precisamente, el delito de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo (artículo 5) cuando no existe un riesgo real e inminente». Por este motivo, La Moncloa entiende que la prometida reforma de la Ley de Víctimas de 2011 «aconseja» esperar a la resolución del debate europeo. La intención es sustituir la vía penal -ante los reiterados pronunciamientos judiciales en contra de lo que defienden las víctimas- y usar como alternativa la administrativa.