Nos aboca el calendario a vivir un año que en términos políticos concluirá en medio de fuertes tensiones vinculadas al resultado de los dos procesos electorales que tenemos por delante: comicios locales y autonómicos y elecciones legislativas. Los primeros, a celebrar el 28 de mayo, se perfilan como una suerte de meta volante respecto de la gran prueba que nos aguarda en las generales. Días tensos en razón de la polarización, sesgo principal de la política española que ha roto los puentes entre izquierdas y derechas y ha contagiado a algunas de las principales instituciones del Estado. La batalla política se ha traslado desde el Parlamento a órganos como el CGPJ o el Tribunal Constitucional. En este último estamos asistiendo al acantonamiento de dos bandos que trasladan hacia fuera la imagen de pérdida de la exigible independencia de quienes, como magistrados y por ley, están llamados a ser independientes.
Tal vez sea injusto decirlo así, pero es apariencia que prefigura el ser. Y la apariencia es que hay dos sectores --conservador y progresista-- que reflejan de manera simétrica la actual división entre derechas e izquierdas en el Congreso. Los nombramientos de magistrados a propuesta del Gobierno han venido a confirmar esa división. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo, la ex directora general de Presidencia, Laura Díez, unidos a los de María Luisa Balaguer y María Luisa Segoviano, amén de coronar una mayoría del sector "progresista" se han hecho acompañar de algunas declaraciones que han encendido suspicacias al respecto de lo que pudiera ser la actuación del TC ante futuros recursos o consultas de constitucionalidad. Están pendientes recursos --hasta un total de quince-- sobre leyes como la Ley de Educación, la del Aborto, la de la Eutanasia, el decreto que suspende los desahucios a personas vulnerables o la de la Reforma Laboral, que en su día nacieron rodeadas de polémica.
Y los que podrían venir caso de que Pedro Sánchez consiguiera renovar mandato y ampliara sus concesiones a los separatistas. En Cataluña sus socios de ERC reclaman la celebración de un referéndum que tal vez pueda quedar en un pacto para la aprobación de un Estatuto soberanista que recupere los contenidos que el TC declaró inconstitucional por la sentencia 31/2010. Recodemos que aquel Estatuto, entre otras disposiciones, establecía la fractura de la unidad jurisdiccional de España (la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Administración de Justicia y legislación procesal); proclamaba el catalán como única lengua oficial y, en la práctica, avanzaba hacia la exclusión del Estado en Cataluña. Es un escenario hacia el que podríamos vernos abocados de nuevo en función del resultado de las elecciones legislativas. Por eso decía que estrenamos un año que podría abrir la puerta a un período caracterizado por grandes tensiones políticas similares a las que acompañaron la Transición. Ojalá me equivoque.