Los hosteleros deberán ir al juzgado por los daños de la covid

H.J.
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Más de un año después de su presentación, la Junta rechaza las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y aboca a los empresarios a una pelea en los tribunales

La plaza de los Castaños, desierta durante uno de los cierres motivados por la pandemia. - Foto: Alberto Rodrigo

Los hosteleros que se embarcaron en este proceso ya sospechaban que su pelea podía acabar en los tribunales, y ahora tienen la certeza de que así será para aquellos que decidan seguir adelante en sus reclamaciones patrimoniales frente a la Junta de Castilla y León. El objetivo es exigir una compensación económica por los daños que les ocasionaron las medidas implantadas para frenar la epidemia de covid, y por ahora el primer paso ha sido denegatorio.

A lo largo de las dos últimas semanas, casi un año y medio después de su presentación pese a que el plazo teórico para responder era de 6 meses, la administración autonómica ha empezado a contestar a las reclamaciones patrimoniales presentadas por los hosteleros y lo ha hecho en sentido negativo. Los empresarios consideraban «desproporcionadas las medidas, limitaciones y prohibiciones adoptadas por las Administraciones Públicas para la lucha contra la enfermedad en relación con sus únicos clientes, los establecimientos de restauración, lo que ha determinado la suspensión o limitación del ejercicio normal de la actividad de los mismos, considerada como no esencial, y en particular unos perjuicios económicos a su negocio», tal y como aparece en una de las resoluciones a la que ha tenido acceso este periódico.

Pero la Junta cree, apoyada en un dictamen que ha emitido el Consejo Consultivo de Castilla y León (este órgano interviene cuando las reclamaciones superan determinadas cuantías), que «adoptó las medidas preventivas que los conocimientos científicos disponibles revelaban como más eficaces para evitar la propagación de la enfermedad y la saturación del sistema sanitario en ejercicio de sus competencias sobre protección de la salud pública».

Algunos argumentos. La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad argumenta que «la literatura científica disponible sobre el impacto de las intervenciones no farmacológicas para reducir la transmisión del SARS-CoV-2 es consistente en señalar el papel de las actividades de socialización en las cuales no se puede garantizar el uso correcto de la mascarilla durante todo el tiempo, en especial cuando estas actividades ocurren en lugares interiores mal ventilados».

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