La Audiencia de Valladolid ha resuelto este lunes suspender, en principio hasta mañana, el juicio por el denominado 'Caso de la Perla Negra' para decidir si finalmente acuerda la devolución del proceso al juzado de instrucción para evitar una posible vulneración del derecho a la defensa, al no haber recibido las defensas de las doce personas físicas y tres jurídicas la totalidad de las actuaciones.

La decisión provisional de la Sección Segunda de lo Penal se ha producido tras la fase de cuestiones previas en la que los principales encausados en el denominado juicio de 'La Perla Negra', incluso la fiscal del caso y las otras dos acusaciones ejercidas por la Junta, como particular, y el PSCyL, como popular, hayan invocado la nulidad por vulneración del derecho a la defensa, entre otras razones, por no haber recibido del juzgado de instrucción la totalidad de las actuaciones que se siguen contra los procesados.

Y es que los representantes de los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, así como las defensas del exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, y del resto de los encausados han hecho causa común en su solicitud de nulidad del proceso al entender vulnerado su derecho de defensa, fundamentalmente por no haber tenido acceso a la totalidad de la causa pese a haber transcurrido más de nueve años desde el inicial auto de imputación el 23 de octubre de 2013 por parte del Juzgado de Instrucción número 2.

Los abogados de los procesados coincidían en que no han contado con las "mismas armas" a la hora de elaborar sus respectivos escritos de defensa por no haber recibido el total de las actuaciones, obtenidas vía CD y USB y papel, y ello a pesar de las numerosas reclamaciones formuladas a lo largo de casi un década. "No todos podemos asegurar que tengamos la misma causa", ha resumido el letrado del empresario Ángel Román Montes.

Ese acceso incompleto a las actuaciones es lo que impedía incluso concretar si los delitos imputados a los acusados habían prescrito o no, según han apuntado las defensas, que también han alegado que tal circunstancia suponía la vulneración del derecho a disponer de las "mismas armas procesales", a lo que han añadido falta de concreción de los hechos imputados y dilaciones indebidas que imponen el sobreseimiento de las diligencias.

Una vez expuestas las cuestiones previas por parte de los letrados de los principales encausados, a las que se han adherido el resto de defensores, la fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Valle, y los letrados de las acusaciones particular y popular, en representación de la Junta y del PSCyL, respectivamente, tomaban la palabra para solicitar también al tribunal la devolución de la causa al Juzgado de Instrucción número 2 tras constatar que la documentación no ha sido remitida en su totalidad a las partes.

SIN LAS MISMAS ARMAS PROCESALES

La acusadora pública, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende que, para evitar "alegatos de nulidad en el futuro", se impone devolver la causa al juzgado de instrucción con el fin de que la Letrada de la Administración de Justicia certifique la entrega total de lo actuado ya que en caso contrario, como así han alegado las defensas, entiende que se podría estar vulnerando "el principio de contar con las mismas armas procesales", algo que se ha producido en este caso.

Del mismo modo se han expresado la letrada de la Junta y del PSCyL, quienes, al igual que la fiscal, sostienen que se han podido producir igualmente dilaciones indebidas que han prolongado la instrucción durante casi una década pero que, en todo caso, deberían tenerse en cuenta como una "atenuante o una atenuante muy cualificada" pero que en modo alguno debería llevar a un sobreseimiento de las diligencias.

Tras las previas expuestas, el presidente del tribunal sentenciador ha suspendido la vista y ha emplazado a todas la partes a una nueva sesión este martes, a partir de las 09.30 horas, con el fin de deliberar sobre lo escuchado y dar a concer su decisión respecto de si resuelve reiniciar el juicio o, por el contrario, lo suspende de forma definitiva para que el Juzgado de Instrucción número 2 garantice que la causa en su totalidad es remitida a los representantes legales de los encausados para así no incurrir en una nulidad por vulneración de los derechos de defensa.

Los hechos objetos de enjuiciamiento vienen referidos al arrendamiento y posterior compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), más conocido como 'La Perla Negra', y la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

PARA BENEFICIAR A ALGUNAS MERCANTILES

Tales operaciones, a juicio de la Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

En relación al edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2, de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), la acusación pública sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.