En esa etapa rebelde de la adolescencia, la amenaza de abandonar el hogar familiar sin indicar el destino a veces es moneda de cambio para imponer una voluntad. Más aún cuando se conoce algún lugar seguro en el que esperar a que los padres o tutores terminen cediendo presas del temor a que algo malo ocurra. Existen también aquellos casos de chavales que aprovechan permisos, o incluso despistes, para fugarse de los centros en los que viven. Lo que parece evidente es que son principalmente los menores los que originan las denuncias por desapariciones. Al menos así lo indica el Informe Anual de la Secretaría de Estado de Seguridad. En 2020, uno de cada tres ‘ausentes’ no había cumplido aún los dieciocho años.
El pasado ejercicio terminó con 29 desapariciones en Burgos, cinco más que 2019, de las cuales nueve eran de menores de edad. Según refleja el informe de la administración dependiente del Ministerio del Interior, y que coinciden con las investigaciones que suelen llevar a cabo en la Comisaría Provincial, una de las características fundamentales es que son fugas que apenas duran días, o incluso horas. Muchas de ellas suelen ser reincidentes.
En proporción por cada 50.000 habitantes, Burgos es el territorio de la Comunidad que acumula mayor número de desapariciones activas de menores, por delante de Salamanca y Palencia, aunque está muy lejos de provincias de Andalucía o Comunidad Valenciana, que duplican sus cifras.
Cabe matizar que esas nueve denuncias que refleja el informe son solo las que permanecen activas, pero las que reciben a lo largo de todo el año en la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional alcanzan el centenar. Gran parte de ellas son de jóvenes que se fugan de los centros de socialización en los que residen. Son las direcciones las que comunican la incidencia a la sala de emergencias 112 cuando perciben un retraso. Si pasadas unas horas siguen sin aparecer, cursan la pertinente denuncia.
Se da la circunstancia de que en 2020, más allá del confinamiento, en el Juzgado de Menores terminaron bastante contentos por cómo terminó el año en los centros de socialización. Todos los chavales internados, señaló a este periódico la titular de este órgano, Blanca Subiñas, se habían portado mejor que nunca. Había sido una temporada en la que, además, las sustancias estupefacientes se mantuvieron alejadas.
En la Comisaría Provincial de Burgos han explicado en más de una ocasión que lo más habitual en las fugas de menores de edad de los centros de internamiento es que se produzcan en fines de semana, épocas vacacionales y festivos. Obviamente, en tiempos de pandemia se suelen controlar mejor, pues casi siempre son desplazamientos cortos, a fiestas de algún pueblo, por ejemplo. Tradicionalmente, se disparan las alertas en los meses centrales del verano. Suelen ser las investigaciones que se alargan más en el tiempo, aunque los expertos advierten de que no mucho más de una semana. No es de extrañar, por otro lado, que los jóvenes terminen volviendo por su propia voluntad o que, a raíz de comunicarse con alguno de los educadores, las pesquisas se agilicen.
tragedia tras las cifras. Si en el caso de los menores las desapariciones suelen resolverse, por lo general, en pocos días, en el resto a veces tienen un final diferente por dos razones: porque la persona en cuestión no quiere ser localizada o porque todo termina en tragedia. En el caso de dos de los casos más sonados en la provincia el año pasado así fue.
En enero, Luis Miguel Rodrigo se fue de casa sin dar explicaciones. Apareció muerto en su coche cuatro días después en un paraje de Las Hormazas. Tras el confinamiento, se perdió el rastro de Manuel Cano, enfermo de alzheimer, en Bernardas y apareció su cadáver a la semana junto a La Cartuja.