«Nosotros no vamos a hacer nada por iniciativa propia y solo lo haremos cuando nos obliguen», asegura el alcalde de Alcocero de Mola (Burgos), Juan Bautista Sagredo, en relación a una pregunta al Gobierno, una más de las muchas formuladas en los últimos años, del senador Carles Mulet, sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre del año pasado, sobre el cambio de nombre de ocho municipios, entre los que se encuentra este burgalés.

El alcalde de este municipio reitera que harán «lo que nos obligue la ley, que es quitar Mola del nombre del pueblo, cuando cuadre y aunque sea de mala gana», asevera con la convicción de que apurarán al máximo ese cambio de nombre. «No sé cuándo ni cómo se va a realizar el cambio porque no solo depende del alcalde», afirma  Sagredo, a la vez que no entra a valorar una posible intervención en el monumento al general Mola. 

«Este monumento está en la encrucijada de dos pueblos, Alcocero y Cueva Cardiel, y lo único que hacemos es arreglar el camino para agricultores y cazadores. El monumento, hasta ahora y por lo poco que sé, pertenece al Ejército», declara Sagredo, quien insiste en que el Ayuntamiento «no va a hacer nada en ese lugar ni en los terrenos, ni para bien ni para mal».

El alcalde tiene asumido que al final tendrán que quitar Mola del nombre del pueblo. - Foto: Valdivielso

En la respuesta escrita al senador valenciano, el Gobierno central considera que «corresponde a los Ayuntamientos el cumplimiento de lo dispuesto, mediante la adopción del oportuno acuerdo por el pleno municipal conforme a la normativa de régimen local». Mulet considera que la anterior Ley de Memoria Histórica no contemplaba ningún tipo de protocolo o sanción, «pero parece que ahora sí se puede proceder y sancionar a quien incumpla, por ello hemos pedido ya al Gobierno que actúe».

Además de Alcocero de Mola, en  la lista de este senador figuran Alberche del Caudillo (Toledo); Llano del Caudillo (Ciudad Real), Numancia de la Sagra (Toledo); Quintanilla de Onésimo (Valladolid), San Leonardo de Yague (Soria), Villafranco de Guadalhorce (Málaga) y Villafranco del Guadiana (Badajoz). Mulet declara que darán «un tiempo prudencial y dentro de unos meses volveremos a preguntar por cada uno de estos casos, para saber si se ha requerido por parte del Gobierno a cumplir la Ley, y para que sancione a los responsables políticos que no la cumplan».

El Gobierno central recuerda que la Ley de  Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre pasado, establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista».