El anteproyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros con el objetivo de reducir al máximo la materia orgánica sobrante, ha provocado el malestar de algunos sectores como el de la hostelería. El presidente de la patronal tanto local como autonómica, Fernando de la Varga, critica esta medida no por su fin, con el que se muestra de acuerdo, sino por que afirma que supone «un ataque al ponernos de nuevo en el punto de mira».
Entre las obligaciones específicas que recoge el borrador de la norma, se encuentra la de ofrecer a los clientes los alimentos que no han consumido en envases que sean reutilizables o fácilmente reciclables sin coste alguno. Al respecto, De la Varga subraya que este servicio ya se ofrece en la mayoría de los establecimientos, mientras que considera que desde la crisis sanitaria los empresarios han aprendido a «controlar el cubo de basura» debido a unas compras mucho más ajustadas por las restricciones para que se generara el mínimo sobrante y sus negocios pudieran ser «viables y también sostenibles».
El responsable de la patronal asegura que el anteproyecto «no deja las cosas claras», salvo en lo referente a que incluye al sector en la relación de posibles sanciones leves (hasta 6.000 euros) si no llevan a cabo la donación de aquellos productos no vendidos que son aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio. «Nos quieren multar por tirar un pincho de tortilla a la basura», se pregunta De la Varga, quien apoya la observación realizada por la patronal nacional al Gobierno central respecto a que la donación no sea la única opción y puedan existir otros canales secundarios o alternativos de comercialización de los productos.
«Parte de ese desperdicio viene del sector primario y a él ni se le menciona ni se le multa», censura el representante de los hosteleros, al tiempo que asegura que el 53% de esas pérdidas proviene del consumo en los hogares, sin que se contemple una campaña de concienciación al respecto para poder reducirlas. Por ello y en este punto, considera que la norma supone un «nuevo ataque a la hostelería», recordando otras obligaciones como la de «dar agua gratis o prácticamente prohibir fumar en las terrazas; parece que la hostelería, con el peso que tiene en el Producto Interior Bruto (PIB)del país, es el foco de todos los males».
Economía circular. La futura ley se encuentra en trámite parlamentario y los empresarios confían en que el Ejecutivo central atienda la indicaciones que le ha hecho llegar. Echa en falta la la «poca atención» que se presta al desarrollo de opciones como la «valorización, reutilización y fomento de la economía circular», a lo que añade que el plan de prevención que se les exige debería establecerse solo para empresas de un determinado tamaño debido a su «complejidad e implicaciones». Pide también que se contemple la posibilidad de que sean los propios clientes los que porten sus envases y exige con especial énfasis la necesidad de que se consulte la normativa antes de aprobarla con los sectores económicos que se vean afectados.
«Hay seguir dando viabilidad a nuestros negocios y no tenemos por qué estar perdiendo dinero todos los días», sostiene el presidente de la patronal, quien incide en ese consenso para que los responsables políticos «sepan en qué situación nos encontramos o cómo se puede solucionar el problema; en definitiva remar todos juntos hacia un objetivo que entendemos que es lógico, máxime cuando muchas de las medidas planteadas ya se están llevando a cabo desde hace tiempo en los establecimientos».