Mañueco troca Igea por Vox. Ese era el titular de esta columna del pasado 2 de enero y ya es realidad. Conviene recordar hasta la saciedad que lo que está pasando es fruto del capricho del presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que anticipó el fin de la legislatura en año y medio porque pensaba, amparado en encuestas amigas, que iba a arrasar. Visto lo visto, 'para este viaje no hacían falta alforjas'.
Una vez aquí, con el primer gobierno de coalición de PP y Vox, se impone una ducha fría, contar hasta diez y, sobre todo, esperar a los hechos. Los 11 ejes del acuerdo conservador los podía haber redactado un estudiante de secundaria; lo más interesante es que Vox se declare europeísta (Punto 4. «Defensa de nuestros intereses en el marco de la UE»). Algo parecido podría decirse de las 32 acciones que proponen, de no ser por las suspicacias que despierta su currículo en tres puntos: la violencia machista, la inmigración y, a otro nivel, la política energética.
En el punto 10, el PP traga con la vergonzosa negación que Vox hace de la realidad de la «violencia intrafamiliar», como la llaman ellos, aunque la redacción del texto trate de arreglarlo. Según el INE, en 2020 hubo 29.215 mujeres víctimas de violencia de género en España y fueron denunciados 29.135 hombres. Es escandaloso que quieran ocultar la realidad con forraje lingüístico.
El punto 31 forma parte de otra de las negaciones sistemáticas de la ultraderecha, que asegura que el cambio climático es un camelo. «Exigiremos al gobierno de la nación revertir una política energética que ha perjudicado a las familias y reducido la competitividad de las empresas». La propia redacción evidencia que aquí la Junta pinta poco y ocultan que hasta el gobierno central está encorsetado por Bruselas. En todo caso, deberían saber que están en la región con mayor potencia instalada de España en energía eólica, con 6.268 megavatios en 2020, un 50% más que la siguiente, Aragón.
En el punto 32, dicen que promoverán «una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León». Más vale que faciliten la llegada de inmigrantes, porque, de lo contrario, todo lo que prometen al medio rural se va a quedar en palabras vacías. Por cierto, ¿hay mafias legales?
El problema del pacto PP-Vox está más en la música que en la letra, como también pasaba con los acuerdos PSOE-Podemos. Hacen muchísimo ruido con sus batallas culturales, pero poco acaba en el BOE. Por eso, es muy importante estar alerta a los hechos. La suerte está en que, como éste es el primer experimento de gobierno de coalición con la ultraderecha en cocina, la nómina de vigilantes va a ser enorme; desde las organizaciones centrales de los coaligados, pasando por Europa y la propia oposición, como es obvio.
Por cierto, el PSOE ve en el miedo a Vox su gran baza.
A Mañueco le vendría bien hablar con Emiliano García-Page, que gobernó Castilla-La Mancha en coalición con Podemos la segunda mitad de la legislatura pasada. Tras duros enfrentamientos, en 2017, los metió en el gobierno. En las elecciones de 2019, Podemos desapareció y PSOE sacó mayoría absoluta. Mañueco tiene cuatro años por delante, pero si Vox quiere llevar su música al BOCYL, deberá apretar el botón de rescate en mayo de 2023, cuando vence su mandato y serán las elecciones municipales, europeas y quizás las generales. Si quiere ganar, es imprescindible no dar un paso atrás en derechos y libertades.?