Tras analizar la información recopilada por el supuesto trato de favor del exconcejal de Licencias, Julio Rodríguez-Vigil, a un hostelero de la capital, la Fiscalía Provincial entiende que existen indicios que hacen pensar que el ahora edil no adscrito podría haber cometido un delito de prevaricación y otro de denegación de auxilio entre autoridades. De ello deja constancia en el escrito de denuncia dirigido al Juzgado de Instrucción para que sea, a partir de ahora, quien decida si inicia un procedimiento penal y practique las actuaciones de prueba que considere necesarias.

La decisión del Ministerio Público se produce después de que el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento le trasladara la documentación y las grabaciones con los testimonios de 5 empleados municipales en las que estos ratificaban el contenido de un correo electrónico en el que una jefa de servicio del Ayuntamiento alertaba al alcalde de que el edil había «sustraído» 2 certificaciones reclamadas por la Junta de Castilla y León. Unos documentos sin los cuales la Administración regional no podían tramitar los expedientes sancionadores del establecimiento Carpanta, ubicado en la calle Huerto del Rey.

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