Alumnos del curso de Drones reclaman la mitad de la matrícula

B.G.R.
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Se trata de 8 de los 14 que realizaron este título el año pasado y que critican que «no se les ha dado la formación prometida». Su director afirma que no hubo quejas durante su impartición

Los estudios, de carácter semipresencial, se imparten en la Escuela Politécnica de la Milanera. - Foto: Patricia

El título propio de la UBU de Experto Universitario en Piloto de Drones, puesto en marcha el curso pasado, no ha cumplido las expectativas de ocho de los catorce alumnos matriculados, que han presentado una reclamación por escrito para que les sea devuelto el 50% del importe del mismo (1.400 euros). Sus principales quejas radican en que «no se les ha proporcionado la formación prometida en un inicio, ni en contenido ni en forma», además de que consideran que tampoco «se han cumplido los horarios ni los contenidos indicados» antes de apuntarse a estos estudios. 

En su reclamación hacen referencia a que las clases presenciales «no se impartieron en las fechas fijadas y la mayoría de ellas no se cumplieron», mientras que respecto a las dudas que se presentaban en las online «dejaron de ser contestadas en las tutorías». Esto supone, según denuncian, que recibieron «un 75% menos de las clases prometidas y, además el 25% que se dieron no pueden ser consideradas como formación». 

El malestar se extiende a las clases prácticas, asegurando que la mitad «no se ha realizado» y respecto al otro 50% critican que «el tiempo de vuelo ha sido muy poco homogéneo y escaso para todos». «No es normal que hayamos volado un máximo de cuatro horas», explica Samuel Sierra, uno de los alumnos denunciantes, quien añade que estas fueron suspendidas por la meteorología, punto en el que «no estamos de acuerdo». «El día del examen había mucho más viento y lo hicimos», remarca, lamentando en este punto que la formación resultara «más teórica que práctica» para un título de estas características, en el que «todos estamos familiarizados con el mundo de los drones». Sobre este extremo y según recoge el escrito, «los estudiantes se matricularon en un curso para hacerse profesionales del pilotaje de drones y terminaron sin la más mínima destreza». 

Por todo ello, solicitan que la Fundación General de la UBU, de quien depende el título, les reintegre el 50% del coste de la matrícula, ya que, en su opinión, la «formación recibida es la que se imparte en las autoescuelas a un precio muy inferior», sostiene Sierra. De igual forma, censuran que aún no hayan recibido contestación de la reclamación que registraron el pasado mes de septiembre y exigen «una respuesta» del Rectorado.

La opinión de los alumnos dista mucho de la director del curso, José Manuel González, quien rechaza todas y cada una de las quejas y muestra su «extrañeza» por que la reclamación se materializara «después de la realización del curso y cuando ya cuentan con el título» de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). En este sentido, subraya que al termino de su desarrollo se efectuaron encuestas a los alumnos, «todas ellas favorables salvo dos observaciones».

Empresa especializada. En su respuesta al citado escrito, presentada 20 días después, destaca que todos los profesores son expertos en la materia al formar parte de la empresa especializada Euroflytec, que imparte formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de que «han acompañado al alumnado durante todo el curso procurando acercar todo tipo de conocimientos y experiencias útiles para su desarrollo técnico».

De igual forma, subraya que se les ha proporcionado «toda la formación complementaria sin coste alguno», poniendo como ejemplo el curso de Inglés, cumpliéndose «el cronograma previsto y avisando con antelación de los cambios que pudieran producirse por cuestiones meteorológicas», a lo que añade el hecho de «adaptarse a la disponibilidad de los alumnos y abrir la Escuela Politécnica de la Milanera cuando ha sido necesario». No obstante, critica que la Asesoría Jurídica de la institución académica, de quien depende el asunto al tratarse de una reclamación patrimonial, aún no haya contestado a los estudiantes, aunque disponga de un plazo de seis meses.